Tijuana.- Un grupo de mexicanos deportados se manifestaron la mañana de este lunes con la finalidad de ser atendidos por la alcaldesa Montserrat Caballero, para solicitar una mesa de diálogo en la cual participen los tres niveles de gobierno y representantes del “Bordo”.
El grupo de alrededor 30 personas, se reunieron en el parque El Mapa, para posteriormente marchar hacía el Ayuntamiento de Tijuana, en donde solicitarán el diálogo con la alcaldesa, explicó Sergio Tamai, representante de la asociación Ángeles sin Fronteras.
“Tijuana es 10 veces más el problema, por eso el gobierno federal tiene que poner recursos”, expresó Tamai.
Jose Manuel García Lara, director y fundador de Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, señaló que las acciones para atender a las personas deportadas “se ha quedado completamente detenido”.
Una de las principales peticiones es solicitar recursos federales para que sean destinados a programas integrales de apoyo para mexicanos retornados en situación de calle.
Solicitaron un alto a las redadas policiacas en la canalización del Río Tijuana y sus alrededores, en las cuales los deportados son detenidos por hasta 36 horas en la Estancia Municipal de Infractores.
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“Lo que nosotros detectamos es que todavía hay viejas prácticas de algunos policías que aún no han entendido que el comportamiento debe ser humano hacía estas comunidades”, dijo García Lara.
También pidieron la colocación de baños y sanitarios gratuitos en áreas comunes, como lo es el Parque El Mapa y que se les otorguen permisos de trabajo gratuitos a los deportados, quienes en su mayoría trabajan limpiando automóviles o recolectan basura para reciclar.
En caso de que sus peticiones no sean atendidas y no exista un diálogo con los tres órdenes de gobierno, Tamai dijo que convocará a que se instalé un campamento en el parque El Mapa.
Al llegar al Ayuntamiento fueron atendidos por Enrique Lucero Vázquez, director municipal de Atención al Migrante, quien mencionó que las manifestantes deberían de “dirigir” sus denuncias a otros actores claves, como lo son el Congreso de la Unión, el delegado federal Alejandro Ruiz Uribe y al gobierno estatal.