Tijuana.- Actualmente no hay estudios que mida el impacto ambiental que ha ocasionado el constante derrame de aguas negras de Tijuana y que afecta a las ciudades del sur de California, dijo Paloma Aguirre, alcaldesa de Imperial Beach.
“(El daño) va a depender de los estudios que se hagan sobre los impactos a la fauna marina y la vida silvestre, que ahorita los estudios se han enfocado más a la salud pública y los impactos oceanográficos, pero eso es un área de estudio que hace falta y se podría atender mejor”.
La alcaldesa añadió que la playa de Imperial Beach permaneció cerrada todo el 2023 y los primeros días de enero del año en curso, y no descartó que esta situación continúe el resto del año.
En caso de que exista una reducción de contaminación del agua, como consecuencia de la construcción de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, obra que según autoridades concluirá en los últimos días de septiembre del presente año, las playas del condado californiano podrían reabrir en el verano de 2025.
“Estamos en un estado total de emergencia, la ciudad de Imperial Beach ha declarado un estado de emergencia, así como el condado de San Diego”, apuntó.
Señaló que la contaminación de las playas de Imperial Beach, consecuencia de las aguas negras arrastradas desde Tijuana, ha tenido un efecto “tremendo” en la ciudad, afectado la derrama económica y la salud pública.
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Además de provocar que personas padezcan problemas de salud como infecciones de la piel, gastrointestinales, meningitis, oído, entre otras, incluso no vivan cerca de la costa.
“Es una crisis de salud pública que no solo impacta a los usuarios y bañistas de mar, sino a toda la región sur (de California), que aproximadamente sumamos 200 mil residentes que somos afectados”, mencionó Aguirre.
La alcaldesa añadió que en las próximas semanas estará viajando a Washington D.C., capital de Estados Unidos, para insistir ante autoridades federales que se aprobada una Declaratoria de Emergencia, esto para que sea entregado un fondo de 310 millones de dólares para ser invertido en infraestructura de saneamiento.
