Tijuana.- La Secretaría de Honestidad detectó en el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), el presunto desvío de recursos por más de 90 millones de pesos durante la pasada administración.
Lo anterior lo informó la titular de la dependencia, Rosina del Villar Casas, quien precisó que la primera presunta irregularidad corresponde a la adquisición de uniformes escolares por un monto de 31 millones de pesos, en plena época de pandemia y sin clases presenciales.
“Se compraron a un proveedor cuando las mercancías y uniformes no se entregaron. Aun la persona responsable de ISEP firmó la factura solicitando la premura de una transferencia de pago por 31 millones por compra de uniformes”, agregó.
Del otro tema, la funcionaria indicó que corresponde a la compra y adquisición de lavabos en escuelas, pues de seis mil lavabos contemplados, hay un faltante de tres mil 400.
“Ahí son 66 millones de pesos y en el mismo sentido, involucrados siete proveedores y 15 servidores públicos”, apuntó.
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A pesar de que Catalino Zavala, ahora secretario General de Gobierno, y Gerardo Solís Benavides, actual secretario de Educación, fueron funcionarios de la Secretaría de Educación en la gestión de Jaime Bonilla, aclaró que no están acusados, siendo el funcionario de más alto rango, el entonces director de planeación del ISEP.
“Mi deseo es a estas personas sancionadas que restituyan el dinero que se llevaron, no es justo que los servidores públicos deshonestos, vengan a las administraciones a llevarse el dinero de la gente, todos debemos contribuir, detener esas personas”, expresó.
Por su parte, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, indicó que se han realizado 42 auditorias a dependencias con 326 observaciones de las cuales 77 han sido solventadas, 46 han sido aclaradas, 152 no solventadas, 46 han sido turnadas a investigación y cinco están en proceso de turnarse.
Indicó que hay 12 mil 604 expedientes de investigación activos de los cuales cuatro mil 612 corresponden a asuntos de situación patrimonial, se han atendido dos mil 631 asuntos abiertos en atención ciudadana y se han instalado 232 comités de contraloría social.