Juan Miguel Hernández
Tijuana.- Es una violación a los derechos humanos que los migrantes sean detenidos por meses o años sin una audiencia previa para determinar si la detención es justificada, aseguró el representante del Comité de Amigos de San Diego, Pedro Ríos.
El activista señaló que los centros de detención representan también un gasto de dinero, ya que son en promedio 164 dólares por día los que gasta el gobierno en detener a un migrante, y más de dos mil millones de dólares cada año.
“El problema fundamental en está decisión es que no reconoce el derecho a un debido proceso legal, lo cual abre la puerta a la detención indefinida aun en casos en donde se cuestiona la justificación de tal detención”, comentó Ríos.
Aclaró que los centros de detención son privados o administrados por empresas privadas. El acceso no siempre se da, por lo que la denuncia de violaciones a los derechos humanos es difícil de reportar.
Dijo que, en dos ocasiones, las autoridades han permitido a organizaciones civiles entrar para revisar las instalaciones del Centro de Detención en la Mesa de Otay, pero subrayó que la presentación del mismo quizás es diferente a un día normal, además de que no les permitieron platicar con los migrantes detenidos.
“En las visitas al Centro de Detención, que ahora se llama Core Civic, nos mostraron un centro relativamente limpio, nos mostraron las celdas, una biblioteca, los cuartos en donde se llevan acabo las audiencias legales, la clínica y la enfermería, pero no nos permitieron platicar con migrantes detenidos”, apuntó.
Puntualizó que los migrantes detenidos, en muchos de los casos, no tienen cargos criminales, y aunque las celdas de migrantes están separadas de personas detenidas por casos criminales, aseveró que los migrantes se quejan de mal trato y de una deshumanización al estar encerrados simplemente por migrar.
