Tijuana.- En la corta administración que encabezó el exgobernador Jaime Bonilla Valdez (2020-21), hubo tres grandes proyectos de infraestructura para Tijuana en los que el entonces mandatario puso mucho empeño: la planta fotovoltaica para abastecer de energía eléctrica el acueducto; el viaducto del Cañón Zapata para conectar el aeropuerto con Playas de Tijuana, y el tren interurbano en la vía ferroviaria.
A casi cinco meses de la salida de Bonilla, a esos proyectos le dio “carpetazo” la actual administración o son muy distintos a como los imaginó el morenista.
¿Pero qué implicaciones tendrá esto para el estado? La cancelación de la herencia “bonillista” puede ser muy cara para el gobierno encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Porque cuando Jaime Bonilla Valdez anunció sus obras emblemáticas, todo parecía “miel sobre hojuelas”, y dos de ellas las anunció previo al arranque de la campaña electoral 2021.
TODO SE VA A REVISAR
Bajo la lupa estarán los proyectos “emblemáticos” del primer gobernador morenista de la historia bajacaliforniana, de acuerdo con el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez (quien fue secretario de educación en el gobierno de Jaime Bonilla).
“Se están revisando los proyectos. La instrucción de la gobernadora es revisarlos todos”, respondió a El Sol de Tijuana.
El segundo hombre en importancia dentro de la administración local no se atrevió a abundar en las implicaciones legales y económicas que acarrearán estas decisiones al estado luego de que Bonilla Valdez signara compromisos con diversas empresas que serían las beneficiadas por los proyectos.
-¿Hay demandas?
-La información ya la entregó el secretario de Hacienda. Está en pláticas con todos para que esto se resuelva adecuadamente en función del beneficio del estado.
-¿Hubo un tema político para estas decisiones?
-No, ninguno. Son temas técnicos, financieros y legales específicamente, y de viabilidad de los propios proyectos.
Zavala Márquez solo habló en particular de un proyecto: el del Cañón Zapata, anunciado por la administración estatal anterior en abril del 2021, poco antes del arranque de la veda electoral, en un fastuoso evento promovido “con bombo y platillo”.
Esa obra, que el exgobernador Francisco Vega propuso como Asociación Público Privada (APP), y Jaime Bonilla anunció como inversión meramente privada (aunque en ambos proyectos se trataba de una vialidad de peaje), ahora es responsabilidad de la federación y es el único proyecto que parece sobrevivir por ahora.
“De hecho hay coordinación con el Gobierno Federal en el tema de la vialidad elevada del Cañón Zapata. Es proyecto que toma el Gobierno Federal sin ningún problema y el estado está participando”, dijo el titular de la Secretaría General de Gobierno en Baja California.
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LA INEXISTENTE PLANTA FOTOVOLTAICA
El 15 de junio de 2021, el entonces gobernador de Baja California se trasladó hasta Mexicali (Bonilla no iba frecuentemente a la capital del estado) para colocar “la primera piedra” de la Planta Fotovoltaica que suministraría energía al acueducto para bombear agua desde La Rumorosa hasta la zona costa, según presumía.
Personalidades políticas como Marina del Pilar Ávila, ahora gobernadora, lucieron muy sonrientes en el evento al que Bonilla invitó también influencers como Arturo Islas Allende.
La planta comenzaría a construirse en un terreno de 550 hectáreas en el kilómetro 28 de la carretera Mexicali-San Felipe. Con paneles solares se generarían dos mil 546 megawatts al día.
Bonilla se atrevía a decir que “sería apoyada y reconocida por la federación”. Decía que no implicaba que el Estado adquiriera una deuda pública. Pero todo se “derrumbó” un par de meses después.
La Federación no otorgó los permisos correspondientes y actualmente existe una suspensión a favor del Gobierno del Estado, que está exigiendo al Banco Afirme los 123 millones de pesos que cobraron como parte del acuerdo firmado, aunque sigue sin haber obra.
UN VIADUCTO, TRES PROYECTOS
A principios de abril de 2021, con el estilo que gustaba al ex gobernador, el de una gran producción a su alrededor, anunciaba la construcción del segundo piso que conectaría el bulevar Aeropuerto con Playas de Tijuana.
Aquel anuncio que se dio con la presentación de la empresa Grupo Caabsa, implicaba una inversión de 5 mil 500 millones de pesos, la cual de acuerdo con autoridades estatales, sería cubierta en su totalidad por la empresa ganadora de la licitación.
A cambio, la compañía operaría la concesión de la vialidad que contaría con una longitud de 9.2 kilómetros y cuyo cobro de peaje se estimaba en los 25 pesos. El gobierno estatal no aportaría recursos para este viaducto.
En octubre de 2021, de nuevo el proyecto tal como lo planteaba Bonilla dio un giro, pues Grupo Caabsa se bajó de la obra al argumentar que era insostenible.
Finalmente, el Gobierno Federal atrajo el proyecto, anunciando una inversión superior a 10 mil millones de pesos para una vialidad que no será peaje.
EL ANHELADO TREN INTERURBANO
El 3 abril de 2021, Bonilla Valdez encabezaba la presentación de la obra para el Tren Interurbano, cuyo proceso para la eventual adecuación y construcción iniciaría el 8 de abril para finalizar en diciembre de 2022.
El proyecto planeaba transportar a la población desde la Garita de San Ysidro hasta el Ejido Maclovio Rojas a través de la vía corta Tijuana-Tecate.
La primera fase constaba de 27.41 kilómetros con siete estaciones y dos terminales en un recorrido de 45 minutos y un aforo estimado de 30,000 pasajeros diarios.
La inversión anunciada, 100% privada, representaba tres mil 478 millones de pesos en su primera etapa.
Pero desde diciembre los directivos de la empresa encargada de la construcción del Tren Interurbano no tienen respuesta sobre el estatus del proyecto en el gobierno de Baja California.
No responden los oficios ni mensajes correspondientes, afirmó Arturo Jacques, director legal de BCE Expressway.
Pese a las implicaciones que tiene para la ciudad esta obra anunciada por Bonilla, la realidad es que el plan original de inaugurar en 2024 está completamente descartado, fijándose un nuevo plazo que podría ser hasta 2026.
Esto en caso de que la obra avance, pues ya se plantea la posibilidad de ajustar el proyecto, y hasta la cancelación.
“Desde diciembre han estado un poco detenidas las comunicaciones. Lo de los comodatos está pendiente. También está la constitución de un fideicomiso y no hay mayores avances de la revisión de la misma. Lo presentamos a los funcionarios competentes”, agregó el representante de la empresa.
En este tiempo que no han obtenido respuesta por parte de la administración estatal, señaló que hay asuntos que requieren de la coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Gobierno del Estado, pues de otra manera BCE expressway no puede intervenir las vías.
“El gobierno del estado es la entidad competente para realizar obra sobre la vía, si tocamos la vía estaremos infringiendo. En tanto no contemos con comentario alguno, no podemos tocar una sola piedra”, abundó.
Y Arturo Jacques dice que de ser cancelado el tren, el gobierno estatal tendría que cubrir una indemnización que ronda entre los mil y cinco mil millones de pesos.
“El contrato contempla causa de indemnización y son varios factores. La inversión de este proyecto es del sector privado, no hay un solo peso invertido por parte del Gobierno Estatal. El monto de indemnización es alto porque no es que invirtamos nuestro dinero en un proyecto que al final de cuentas no pueda avanzar porque algún funcionario se sentó en un expediente”, manifestó.
SE REQUIEREN GOBIERNOS PROFESIONALES
Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Vicente Sánchez Munguía, la falta de continuidad en los proyectos de administraciones pasadas, es algo recurrente en la política mexicana.
“Hay que decir que es en México por las propias características del sistema político y del gobierno que nos encontramos: una democracia sin consolidar y un gobierno muy poco provisorio”, comentó.
“Aunque sean del mismo partido es poco probable que una administración saliente que no concluyó, continúe, salvo que se trate de un proyecto que ya esté por terminarse y le permita lucirse con la foto de la inauguración”, agregó.
El especialista adscrito al Departamento de Administración Pública aseguró que falta mayor planeación a largo plazo, independientemente de temas políticos.
“Los políticos son poco responsables en términos de los impactos que esto provoca para el erario y el ciudadano tiene que estar pagando con sus impuestos respectivos ese tipo de fallas. Hay un problema estructural de gobiernos profesionales y gente que sea responsable en términos de las decisiones que toman”, puntualizó.
Sánchez Munguía consideró necesario fortalecer los métodos de vigilancia a los gobiernos para evitar este tipo de problemáticas en un futuro para que el costo no sea solo financiero para los políticos.
“Están los controles de manera institucional y el estado que completamente debe ser representante de la población en términos estrictos. La sociedad tendría control sobre sus propios representantes. Nosotros como ciudadanos estuviéramos organizados, atentos y críticos. Gobiernos más transparentes, responsables y rendidores de cuentas, pero se logra también teniendo ciudadanos más exigentes”, concluyó.
Entonces, a más de cuatro meses de que arrancara el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, habrá que ver qué queda de la herencia bonillista y cuál será su costo.
