Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Los últimos cuatro congresos de Baja California tienen un punto en común: todos y cada uno se comprometieron al buen uso de los cientos de millones de pesos que se autorizan ellos mismos para cumplir su labor, y en sus agendas de trabajo establecieron el combate a los salarios excesivos, a la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y la práctica de la austeridad.
Pero lejos de eso, una revisión de los presupuestos autorizados y del gasto en documentos públicos y solicitudes de acceso a la información demuestran que de 2010 a 2021 el costo por diputado creció 27%, y al mismo tiempo, sus resultados fueron a la baja.
El incremento es tal, que Baja California tendrá este 2022 el congreso más caro en los últimos 12 años.
Pero cuando a un diputado de Baja California le preguntan por sus gastos en el Congreso, todos sostienen que sólo reciben un salario de 63 mil pesos mensuales, cuando en realidad gastan 40 veces más que eso anualmente, y no solo en acciones enfocadas a cumplir su labor legislativa, de acuerdo con los datos recabados mediante solicitudes de información.
En esta investigación se encontró, por ejemplo, que un diputado de la legislatura 2016-2019 recibió a su nombre un millón de pesos en una sola transferencia como reembolso o “Gasto por comprobar”, un concepto en las políticas administrativas bajo el que más de un integrante de la pasada legislatura ejerció hasta el 90% de su presupuesto anual.
Otro legislador, del periodo 2019-2021, entregó casi 1.7 millones de pesos por asesorías a una empresa recién creada, igual que hicieron algunos legisladores entre 2016 y 2019.
Tan solo bajo el concepto de “asesorías”, los diputados han gastado en los últimos cinco años aproximadamente 10 millones de pesos anuales, de acuerdo con la información sistematizada a partir de solicitudes de información.
En los reportes de gastos se encontró también que el Congreso puede disponer a discreción del presupuesto para gasolina, hoteles, comidas, renta de autos, publicidad, asesorías o estrategias para redes sociales, y más.
Mientras tanto, organismos civiles y datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos, realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registran que el congreso bajacaliforniano está entre los diez más caros del país y entre los menos productivos.
El Informe Legislativo 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ubica al legislativo bajacaliforniano como parte de una élite: es uno de los cuatro congresos del país donde mantener a cada diputado cuesta más de 20 millones de pesos por año.
Al mismo tiempo el Inegi califica a las dos anteriores legislaturas, la XXII (2016-2019), y la XXIII (2019-2021), entre las últimas 10 a nivel nacional por aprobación de leyes con un máximo de 19 en 2018 y apenas dos durante 2020, con lo cual el Congreso de Baja California se colocó en el penúltimo lugar del país ese año.
Parte del problema está en la falta de contrapesos institucionales para vigilar que diputados y diputadas cumplan su agenda de trabajo, que realmente transparenten su gasto o que evalúen el impacto de las decisiones que toman dentro de sus facultades: nombramientos, revisión y autorización de presupuestos públicos, juicios políticos y comparecencias ante el pleno de cualquier otro servidor público, incluidos los titulares de otros poderes como el Ejecutivo y el Judicial.
“Los congresos son los poderes que menos rinden cuentas justo porque tienen este poder de autorregularse y no hay otros mecanismos, ni supervisores ni sancionatorios”, dice Anaid García Tobón, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización civil Fundar.
Las “reglas” del gasto.
Las normas para controlar el ejercicio presupuestal fueron aprobadas por la XXI Legislatura (2013-2016), luego de que el congreso anterior se despidiera entre múltiples denuncias públicas por presunto abuso del gasto entre 2010 y 2013.
Así en 2014 se crearon las políticas de Operación Administrativa del Congreso del Estado con el objetivo de establecer requisitos y obligaciones para que los diputados ejercieran el presupuesto y poner orden en los rubros que, hasta entonces, concentraban la mayor parte del recurso anual.
También regularon la contratación de personal, la entrega de credenciales oficiales, el uso de vehículos oficiales y otras cosas.
David Ruvalcaba Flores formó parte de aquella XXI Legislatura y confirmó que así nació el concepto de “Comisiones”.
“Todo lo que no está en una partida lo recibe en comisiones el diputado (...) El gasto de comisión sí era discrecional, previa comprobación”, reconoció Ruvalcaba.
Ha sido tan discrecional que al menos entre 2017 y 2020 permitió a diputados y diputadas ejercer entre el 50% y el 90% de su presupuesto de Comisiones en reembolsos, de acuerdo con datos obtenidos por transparencia.
De esa manera en 2019 el entonces panista Raúl Castañeda Pomposo recibió el 28 de junio un pago único por un millón 33 mil 242 pesos, y menos de quince días después, el morenista Víctor Morán recibió otro por 922 mil 225 pesos bajo el mismo concepto.
Las facturas que presentó el primero, obtenidas vía transparencia, son variadas: difusión, un banquete por 94 mil 500 pesos, una computadora portátil de 20 mil, comidas varias, despensas, material para construcción, y por supuesto asesorías.
En general, los diputados consumen el presupuesto principalmente contratando personal, dando apoyos sociales y pagando a empresas y particulares lo mismo por productos que por publicidad, asesorías fiscales y de derecho, hasta de marketing político y estrategias en redes sociales.
La política de administración para los reembolsos todavía aparece publicada en el portal del Congreso y establece que los diputados pueden gastar de esta forma hasta el 100% de su presupuesto mensual de comisiones, o más, si tuvieran dinero no ejercido de ese mismo año.
Luis Gallego, recién nombrado director de Administración en el congreso que comenzó el 1 de agosto del 2021, asegura que esa norma es inoperante desde la pasada legislatura, pero la actualización no ha sido publicada en el portal del Congreso por “cuestiones técnicas”.
A pesar de eso, los registros del gasto 2021 dan cuenta todavía de reembolsos únicos por decenas y cientos de miles de pesos entre los integrantes del nuevo Poder Legislativo.
Gastos sin tabulador
El análisis de cifras oficiales revela que en las últimas dos legislaturas los diputados pasaron de ejercer un promedio anual de 1.5 millones de pesos a 2.5 millones de pesos cada uno, o más en algunos casos.
En 2021 los legisladores se aprobaron un gasto tope de 4.5 millones de pesos para cada uno, y tres reportaron un ejercicio superior a los siete millones de pesos, entre ellos, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, miembro de Morena y presidente de la Comisión de Administración y Finanzas durante la pasada y la actual legislatura.
“Lo importante es que el gasto tenga una base donde esté documentado”, dijo el diputado y empresario, quien declinó comentar sobre el ejercicio presupuestal del Congreso del estado, aun cuando la Ley Orgánica del Legislativo establece que su comisión es responsable de elaborar el anteproyecto anual de Egresos y evaluar el avance del gasto.
Una parte de la información para este reportaje proviene de una base de datos obtenida en una de las 27 solicitudes de información enviadas al Congreso. Ahí constan cada uno de los montos ejercidos por diputados y diputadas entre 2017 y 2020, periodo que comprende parte de las legislaturas XXII (2016-19) y XXIII (2019-21).
Los datos muestran que en 2020 los diputados ejercieron 59.5 millones de pesos, y de ese monto, 50% fueron pagos a sus nombre: técnicamente un reembolso de gastos luego de presentar facturas. También registraron 14.8 millones de pesos a particulares y 12.9 millones a empresas, algunas de reciente creación.
Un ejemplo de esto último es Rodrigo Anibal Otañez Licona, ex diputado por el ya desaparecido Partido de Baja California (PBC), que en 2020 entregó 1.1 millones de pesos a la empresa Servicios Avanzados CIDi. Ese monto representó casi el 50% de los 2.3 millones de pesos que el diputado ejerció ese año.
La empresa inscrita en el Registro Público de Comercio apenas el 21 de enero de 2020, recibió del Congreso dos cheques por un total de 81 mil 200 pesos a tan solo una semana de su creación.
Otañez Licona fue cliente recurrente de esta empresa, ya que en su reporte de gastos de 2021, ya como parte de Movimiento Ciudadano (MC), se encontraron más cheques para esta compañía con montos que iban entre 40 y 100 mil pesos cada uno para 560 mil pesos adicionales y un total de casi 1.7 millones de pesos.
El ahora ex legislador fue contactado a través de su redes sociales donde sigue promoviendo sus actividades partidistas, pero al solicitarle una entrevista sobre el tema dejó de responder los mensajes.
Aunque dentro del Congreso no se prende ninguna alerta si un diputado destina más de la mitad de su presupuesto anual a una sola compañía, explicó Luis Gallego..
La razón es simple para ellos. “(El dinero) lo pueden gastar a criterio de las necesidades que tengan”, respondió el funcionario.
Eva María Vázquez, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), repite este patrón.
Más de la mitad de los 2.4 millones de pesos que gastó en 2020 fueron destinados a la compañía Nodo Abastecimientos, S.A., la cual recibió 1.4 millones tan solo entre septiembre y diciembre con 16 cheques de entre 60 mil y 100 mil pesos cada uno, según la información obtenida vía transparencia.
Esta empresa fue constituida el 2 de noviembre del 2018 para manufacturar y comercializar todo tipo de productos y desde 2019 recibió de la entonces legisladora por Mexicali alrededor de 400 mil pesos.
Los conceptos que se encuentran en las facturas obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información van desde pagos por servicios de cafetería, alimentos de la canasta básica, fotocopias, artículos de papelería hasta sanitización de espacios y materiales para limpieza.
Otra muestra de lo que diputados pueden gastar en asesorías se observa en los reportes de David Ruvalcaba Flores, abanderado del PRI en la XXIII Legislatura (2019-2021), la primera con mayoría de Morena en Baja California.
El cuatro veces diputado local gastó en 2020 un total de 2.7 millones de pesos, y 17 de los cheques que reportó fueron a nombre de Grupo PYS Consultores por un monto de 1.1 millones de pesos.
Esta empresa fue creada en Tijuana el 19 de diciembre de 2017 para llevar a cabo asesorías administrativas, jurídicas y financieras, según los documentos del Registro Público de Comercio.
En 2019, de acuerdo con la base de datos del Congreso, Ruvalcaba Flores ya había entregado a la misma empresa 300 mil pesos en cinco pagos.
El ahora regidor en el Ayuntamiento de Tijuana aseguró que los pagos bajo este concepto son normales para la tareas como la revisión de iniciativas.
Además, la necesidad de personal externo obedece a que el Congreso solo facilita un Secretario Técnico y las contrataciones temporales ayudan al poder legislativo a no acumular obligaciones laborales con personal nuevo, dice el priísta. Pero, al mismo tiempo, puso en duda haber emitido todos los comprobantes por asesorías que aparecen a su nombre.
“No me acuerdo haber hecho un pago tan grande a una sola empresa. También se da que a veces utilizan tu nombre, hay que revisar eso bien, porque se puede dar ese caso”, dijo Ruvalcaba Flores.
No fue el único legislador que esbozó esta posibilidad argumentando que es la Administración del Congreso quien al final lleva los gastos, pero el nuevo administrador, Luis Gallegos, negó por completo esta posibilidad.
Sobre este tema, el abogado y ex secretario en el Ayuntamiento de Tijuana, Carlos Mejía López, no pone en duda la necesidad de asesorías en el Congreso, pero sí cuestiona su costo-beneficio.
Tan solo en 2021 el congreso bajacaliforniano se aprobó 30 millones de pesos para pagos asimilables a salarios y en 2022 lo incrementó a 32.5 millones de pesos, sin olvidar que los últimos cinco años los diputados gastaron en asesorías propias o para sus comisiones un promedio de 10 millones de pesos anuales.
Estas cifras dan para que “cada diputado pueda tener mínimo entre tres o cuatro excelentes asesores, pero la realidad es que no vemos esos resultados en el trabajo legislativo”, señaló Carlos Mejía López, ex presidente de la Federación de Colegios de Abogados en Baja California.
Opacidad. El principal resultado.
En 2020 el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), publicó un estudio en el que posicionó al Congreso de Baja California entre los seis más opacos en su gasto. De los 100 puntos que podía obtener, se quedó con 5.6.
Para muestra está la información que publican en el renglón de Recursos Financieros a Legisladores en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en donde solo se reportan los recursos que los diputados tienen como “dieta”.
Para medir la transparencia del legislativo local también están los Índices de buenas prácticas creados por la Alianza por el Parlamento Abierto (APA), con las que han sido evaluados congresos locales e internacionales.
Esas métricas muestran que el congreso no tiene auditorías externas o ciudadanas; no publica detalles de la contratación de asesorías, consultorías y/o estudios de investigación pagados a personas físicas o morales y están parcialmente los presupuestos aprobados y ejercidos por cada uno de los diputados y las fracciones parlamentarias.
“Hay una gran cosa discrecional en el apoyo que se da a las fracciones parlamentarias, incluso a nivel federal”, afirma Anaid García, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, organismo integrante de APA.
La Ley Orgánica del Congreso de Baja California ordena a las comisiones presentar un reporte presupuestal anual y final, así que se solicitó vía transparencia esta información de los años 2010 al 2021, pero la respuesta de la Dirección de Procesos Parlamentarios tras una “exhaustiva” búsqueda en los anaqueles y en los archivos digitales, fue que no había registro de tales informes.
Sumado a que toda esta información no es de fácil acceso para la ciudadanía, actualmente es imposible conocer el patrimonio de los diputados porque las declaraciones de interés, fiscal y patrimonial, que deben presentar, sencillamente no están disponibles.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del estado sostiene que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es el encargado de determinar los formatos para las declaraciones, pero como el comité no funciona, el legislativo asegura en su plataforma de transparencia que no tiene versiones públicas para entregar, y esta misma respuesta se repite en las solicitudes de información.
Esta falta de transparencia en los bienes de los legisladores, como ordena la ley, “genera suspicacia”, aseguró Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Y CIMTRA va más allá sobre la necesidad de transparentar esta información. “Son una herramienta fundamental para controlar posibles casos de corrupción”, estableció en su análisis a los congresos del país en 2020.
Es así que la opacidad dentro del Congreso se refleja en más de un ámbito, pero los montos que podrían encender focos rojos para especialistas en transparencia están avalados por la propia normativa.
La publicidad es otro de esos rubros en los que el congreso gasta efusivamente.
Montserrat Caballero Ramírez, ex presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ejerció 2.4 millones de pesos solo por ese concepto durante el 2020, justo antes de ir por la presidencia municipal de Tijuana que hoy encabeza.
Su monto fue el más alto del año por ese concepto, pero Caballero Ramírez que aparte gastó otros 2.4 millones de pesos por asesorías y productos varios el mismo año, asegura que no hay nada irregular.
“Antes de retirarme del Congreso aclaramos las cuentas en la Auditoría Superior para que no quedara duda y para que no quedaran cabos sueltos de cada uno de mis movimientos. Entonces mis movimientos están avalados, no por mí sino por la Auditoría Superior y los diputados”, mencionó la presidenta municipal.
Por todo esto, en Baja California “ser diputado local es sacarse la lotería”, afirmó el abogado Carlos Mejía López durante una reunión de litigantes colegiados con el titular del Poder Legislativo, Isaac Fragozo López.
Era septiembre del 2021 y el Poder Judicial buscaba con insistencia un aumento presupuestal de 67 millones de pesos para terminar el año sin alterar las actividades por falta de recursos. Al mismo tiempo, los diputados con la facultad de autorizar esa ampliación de presupuesto se habían otorgado 392.9 millones para salarios, 61.5 millones de pesos para “Reuniones” o “Servicios Oficiales” (que en la práctica es el gasto de Comisiones), y 20 millones para publicidad, aunque en esto último terminaron gastando 53 millones, según el informe presupuestal, pero no se especifica la razón del incremento.
También en 2021, el último año de la XXIII Legislatura (2019-2021), la primera con mayoría de los partidos Morena-PT-PVEM, el presupuesto fue de 619.7 millones de pesos, y eso lo convirtió en el segundo Congreso más caro en el estado desde 2013.
Hasta entonces apenas era superado por la XX Legislatura (2010-2013), cuando se tuvo un presupuesto autorizado de 661.5 millones de pesos.
Pero esto tardó solo un par de meses en modificarse, porque la XXIV Legislatura que está en curso, y en la que Morena tiene la mayoría de curules luego de un año de reelección, se asignó para 2022 un presupuesto 675.3 millones de pesos, y así se enfila como el Congreso bajacaliforniano más caro de los últimos doce años.
El director de Administración, Luis Gallego, afirmó que el aumento obedece principalmente a los pronósticos de inflación, los incrementos salariales para personal sindicalizado y la necesaria reposición del viejo y enorme sistema de aire acondicionado que permite sortear las altas temperaturas de Mexicali en el recinto oficial.
Incluso el incremento del costo por diputado ha ocurrido tan lentamente que podría ser imperceptible para muchos, como ocurre con el tres veces diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Julio César Vázquez Castillo.
“Yo veo como que todo sigue igual. De hecho hasta el salario de los diputados no ha aumentado”, respondió al plantearle los incrementos analizados en las solicitudes de transparencia.
Pero la realidad es que en 2011, el primer año de la XX Legislatura (2010-2013), cada diputado costaba a los bajacalifornianos 18.9 millones de pesos con un presupuesto anual de 474.7 millones de pesos, y para 2021 el costo individual alcanzó los 24.7 millones de pesos con un presupuesto anual de 619 millones, lo que significa que el costo por cada curul en Baja California creció 27% durante la última década.
Cajas chicas
La revisión de los presupuestos anuales, antes de las reglas creadas en 2014, no deja en duda las principales “cajas chicas” de entonces. El concepto de “Apoyo Social” acumulaba 186 millones de pesos en 2012 y en 2016 se vino abajo hasta los 30 millones de pesos.
Esta situación duró así hasta que el PAN encabezó la XXII Legislatura (2016-2019), y la partida creció otra vez: se autorizaron 60 millones anuales, aunque en sus tres años esta legislatura rebasó ese techo, gastando entre 70 y 95 millones de pesos anuales.
Dos años antes de que iniciara esa legislatura se aprobó la reelección, y no es la primera vez coinciden un aumento a la partida de “Apoyo Social” y las campañas.
Lo mismo ocurrió en 2021, cuando el congreso de mayoría morenista aprobó 105 millones de pesos para apoyos sociales, aunque al final solo ejercieron 90 millones.
“Para quienes andamos en la calle, para quienes andamos de la mano con la comunidad, eso no es clientelismo, es resolverle a la gente que estuvo apoyándote en su momento… haya votado por ti o no”, apuntó el petista Vázquez Castillo.
Otro concepto que estaba por la nubes antes de que se crearan las normas para regular el gasto era la partida de viáticos que llegó a concentrar 18.4 millones de pesos en 2013, y durante la pasada legislatura (2019-2021), se redujo hasta los 566 mil pesos pero eso no ha evitado el despilfarro.
La XXII Legislatura (2016-2019), la misma que llevó al estado a una crisis política de repercusión nacional por ampliar de dos a cinco años la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez, gastó 4.1 millones de pesos mediante la compañía que opera bajo el nombre comercial de Viajes Cimarrón, con sede en Mexicali.
Luis Gallego aseguró que el costo por servicio es fijo, pero las facturas obtenidas por los pagos del 2020 muestran pagos por “Servicio” superiores al costo de los boletos.
“A lo mejor la gestión fue distinta, hay que ver el concepto. A veces nos ayudan en logística de congresos, en otro lado nos consiguen cinco taxis, nos mueven a tres diputados de México al Congreso”, respondió el director de Administración.
De esta forma, las reglas que operan desde 2014 han quedado cortas para regular el gasto de los diputados que ahora pueden permanecer cuatro periodos consecutivos en su curul si logran la reelección.
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Porque al mismo tiempo que algunas partidas disminuyeron, esto solo dio paso al gasto de Comisiones, donde ahora los diputados concentran todas sus necesidades gastando según su criterio, sin más límite que el presupuesto que ellos mismos se autorizan.
La prueba está en que durante la XX Legislatura (2010-2013), esta partida que oficialmente llaman “Reuniones” o “Servicios Oficiales” tuvo menos de un millón de pesos cada año, pero en la XXI Legislatura (2013-2016), creció a los 60 millones y alcanzó los 80 millones anuales en 2017 y 2018.
El gasto a detalle de las legislaturas XX (2010-2013), y XXI (2013-2016), es apenas rastreable en documentos públicos, pero el análisis que sí se logró fue el de las cuentas públicas del Congreso bajacaliforniano desde 2006 hasta 2020. No fue una sorpresa confirmar que todas están aprobadas.
La XXIII Legislatura, que concluyó el 31 de julio del 2021, hizo su trabajo y palomeó, en marzo y junio de ese mismo año, las cuentas del 2017, 2018, 2019 y 2020.
De esa manera, todos los diputados aseguran que no hay nada incorrecto en su gasto porque ya fue fiscalizado por la Auditoría, órgano del mismo Congreso al que los diputados le asignan presupuesto.
