Daniel Ángel Rubio
Tijuana.- Los indígenas privados de su libertad enfrentan una serie de problemas ajenos a su situación jurídica a causa de su origen étnico, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su informe actual de actividades del 2018, destacó que son discriminados por los internos, les falta información sobre sus derechos y “falta apoyo inmediato de intérpretes y/o traductores de su lengua”.
En Baja California, según el Diagnóstico estatal del sistema penitenciario 2018-2019, realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron registrados 71 personas indígenas privadas de su libertad.
Con 48 casos, Ensenada fue la ciudad con la cifra más alta en el estado, seguida por “El hongo I” con 9; “El hongo II”, 6; Tijuana con 5, y Mexicali con 3.
“El sistema penitenciario deberá contar con un intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas indígenas”, dijo la CEDH en su diagnóstico, y lo mismo había sugerido en la edición del 2017.
Maribel Velasco García, coordinadora de Asuntos indígenas en el Ayuntamiento de Tijuana, dijo que una buena parte de esas comunidades habla “un poco de español”, y han identificado 52 lenguas en la ciudad.
Por ello es que buscamos tener luego un catálogo de intérpretes. Ahorita tenemos un directorio en la coordinación, de los que hemos ubicado que hablan una lengua, cuando necesitamos una interpretación a nivel de salud o del sistema jurídico.
En entrevista durante la pasada celebración por el Día internacional de los pueblos indígenas, agregó que en este último escenario piden apoyo al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que cuenta con una plataforma nacional.
