A la mitad de su administración la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda tiene entre sus principales retos la generación de recursos propios, el fortalecimiento de la cultura de la paz, y ahora, según ha dejado ver su gobierno, la intención de reformar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (Issstecali).
José María Ramos García, académico del Colegio de la Frontera Norte (Colef), mencionó que la inseguridad, presente al menos en los últimos cuatro gobiernos estatales, sigue siendo el tema pendiente y prioritario para ser atendido de la mano del gobierno federal.
“A pesar de este contexto, sobre todo Tijuana, no ha bajado su dinámica de competitividad, de inversiones, turismo, conectividad aérea”, comentó.
Justamente por eso, y dejando de lado por un momento los altos índices delictivos, el académico considera necesario mantener la dinámica fronteriza para que Baja California continúe con crecimiento económico propio, porque hay varias tareas incompletas.
Por ejemplo, en el marco de su tercer informe de gobierno, la mandataria ha resaltado una inversión en infraestructura por más de 117 millones de pesos en 30 obras a lo largo del estado.
Al respecto, el académico reconoció la construcción de puentes y vialidades, pero consideró necesario atender también el crecimiento del parque vehicular, en especial a raíz del decreto para regularizar autos “chocolate”.
“Los puentes son importantes, pero si no se complementan con una política más amplia de gobernanza urbana y un plan de gestión vial, vamos a tener cuellos de botella que se están agudizando”, dijo.
La gobernadora también está enfatizando un presupuesto de más de 10 millones de pesos en programas sociales, pero el doctor adscrito al Departamento de Estudios de Administración Pública recomendó evaluar su funcionamiento y acompañarlos de políticas públicas.
Esto es la creación de empleo, opciones educativas, espacios públicos, culturales y una política de paz para disminuir la incidencia delictiva.
“Cuando se complementa con otras políticas públicas y abarcan otros grupos sociales, por ejemplo, jóvenes en situación de desempleo, y se fortalece con políticas de emprendimiento social, se mejoran los niveles de vida. Eso es un reto pendiente”, expresó.
Pero el pendiente que luce más próximo parece ser la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (Issstecali).
Ese servicio de salud y pensiones del magisterio y los burócratas enfrenta un déficit financiero porque durante años los gobiernos cobraron las cuotas a los trabajadores pero no las entregaron al instituto.
Ramos García consideró que, de llevarla a cabo, la reforma al Instituto debe respetar los derechos laborales, mejorar la atención médica y modificar todo su modelo de gestión y política pública.
“La ventaja de Baja es que ahorita tiene una población estable y que está en crecimiento, sobre todo porque vienen los que están próximos a jubilarse. Y finalmente una modificación también implica una mejora a la planificación financiera”, finalizó.
Marco Moreno Mexía, secretario de Hacienda de Baja California, declaró durante la Glosa 2023 ante el Congreso local que el Issstecali enfrenta déficits anuales de hasta cuatro mil millones de pesos.
La gobernadora ha comentado en varias ocasiones que la reforma no afectará a los colaboradores activos ni jubilados y que respetarán los derechos laborales, pero sus declaraciones no han tranquilizado a nadie.
Por el contrario, la esperada iniciativa de reforma que estaría enviando al congreso ha levantado alarmas entre pensionados y jubilados, el magisterio y la burocracia activa, afirmando que no hay un verdadero diálogo.
Ramos García consideró que Ciudad de México y Querétaro, quienes han modificado sus leyes de pensión y jubilación, podrían servir de ejemplo a Baja California.
ACCEDE A NUESTRA EDICIÓN DIGITAL ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
Y antes de iniciar un proyecto de Ley, considera, el estado debe sensibilizar sobre los problemas financieros del Instituto a todos los actores involucrados.
Eso significa la nada sencilla tarea de conciliar entre el Sindicato de Burócratas, el magisterio y los pensionados, sin descontar al sector salud.
“El gobierno del estado tiene esa enorme oportunidad de generar una reforma con los debidos consensos, pero con una capacidad de planificación a corto plazo para que sea sostenible”, expresó el académico.