La defensa del Poder Judicial es la lucha por el último de los poderes institucionales que no está sometido al Ejecutivo, y aunque es cierto que necesita ser reformado, la propuesta que está cerca de ser aprobada por Morena y sus aliados no atiende las verdaderas deficiencias en la impartición de justicia.
“La idea de la reforma es simple y sencillamente cambio de personal y pongo el mío”, dice la abogada y maestra en administración pública, Catalina Salas Bravo.
Con más de 30 años en los pasillos de la justicia, la litigante sostiene que la iniciativa tampoco atiende la raíz del problema: las deficientes carpetas de investigación presentadas por las fiscalías estatales y de la República en los tribunales.
“Se le ha atribuido en forma directa y también indirecta al Poder Judicial Federal la delincuencia. Esta cuestión tiene que ver, y lo sabemos todos los abogados, lo sabe el Ejecutivo, lo saben los funcionarios de Morena que son abogados también, los mismos legisladores de Morena y lo dijo la ministra de Morena (Lenia Batres), que el problema está en la investigación”, comenta.
El detalle, advierte, es que visto desde ese ángulo la responsabilidad cae en los gobiernos estatales y en la misma Presidencia, ya que los fiscales locales y el de la República son nombrados a propuesta del Poder Ejecutivo estatal y federal, respectivamente.
En entrevista con El Sol de Tijuana, la también expresidenta de la Federación Estatal de Colegio, Barras y Asociaciones de Abogados, (Fedabo), destacó la necesidad de un verdadero trabajo legislativo para reformar al Poder Judicial.
“Estamos hablando que desde hace ya varios años, desafortunadamente, sobre todo los legisladores aliados al gobierno en turno han aprobado sin analizar, sin ver los detalles de las reformas que tienen que ver con una centralización del poder, con violaciones a los derechos humanos. Sin hacer esa tarea que deben hacer, se han sometido a las iniciativas del Poder Ejecutivo y es grave porque rompe la división de poderes”, dice.
Por ese sometimiento cree que si llegara el momento de remover a los 11 ministros que hoy tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el ejecutivo federal proponiendo 10 perfiles como establece la iniciativa, mismo número que el Poder Judicial y el legislativo, la mayoría en el Congreso federal se inclinaría por los recomendados del presidente o presidenta en turno.
“Nos queda muy claro, y no es que queramos decir algo en contra de esta propuesta, que no sea técnica, sino que es obvio que si no estás atacando la corrupción en todas las áreas ejecutivas que son las más amplias del gobierno, lo que quieres es hacer un Poder Judicial a modo”.
“Estamos ante una situación bárbara de desequilibrio de poder”, afirma.
La desconfianza de la abogada en el argumento oficial de que la reforma obedece al combate a la corrupción es porque no ve resultados de la actual administración federal en ese campo.
“Los órganos más importantes para atender la corrupción están establecidos desde hace varios años. Entre ellos la Secretaría de la Función Pública que está a cargo y ha sido designada por el Presidente de la República. No hemos visto un trabajo de calidad, de asuntos fuertes que haya resuelto. Está el caso del famoso Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep). El presidente lo aceptó y no vemos una resolución de la Secretaría de la Función Pública”, agrega Salas Bravo.
En 2020 el entonces titular del Indep, Jaime Cárdenas, renunció denunciando públicamente malos manejos dentro del Instituto dedicado a la subasta de bienes incautados.
La respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia diaria fue que el nuevo titular tendría la responsabilidad de “limpiar”, porque Jaime Cárdenas “no le entró”.
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- ¿Qué necesita cambiarse en el Poder Judicial?
- “Es un trabajo de ética y de real aplicación de la ley. Hemos visto en el Poder Judicial local que personas que sacan la última calificación son nombrados, por ejemplo, magistrados. Que las personas que tengan la capacidad técnica, la honestidad, la trayectoria, la experiencia para estar en esos lugares, sean las personas que estén en esos lugares”.
- ¿No le preocupa que la hostiguen, en este ambiente polarizado, por ir contra la propuesta presidencial?
- “En generalidad, los abogados de todo el país están en contra. No es algo personal, no es algo particular”.
“La presentación que tuvo la ministra de Morena aquí en Baja California no permitió la comunicación. Llegó, se presentaron varias personas y expusieron. Eso no es un diálogo y no es la primera ocasión. También lo marqué cuando fue la famosa reforma penal. Comenté que estaba deficiente, que iba a generar problemas y vemos desafortunadamente cómo la impunidad ha ido a la alza y cómo los jueces penales, los ministerios públicos, están atados de manos por esa reforma que tan poco fue consultada”.