Tijuana.- Santiago Meza López, conocido como el “Pozolero”, quien confesó haber deshecho en sosa cáustica a por lo menos 300 personas, seguirá en prisión por tiempo indefinido, pues aún no ha sido sentenciado por los delitos que enfrenta, aclaró Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California A.C.
Fernado Ocegueda, unos de los activistas más antiguos en búsqueda y localización de personas desaparecidas, declaró la semana pasada a medios locales, incluido El Sol de Tijuana, que Santiago Meza podría quedar en libertad este mismo año.
En entrevista vía telefónica este miércoles, dijo que fue citado por el Ministerio Público federal en la Ciudad de México a raíz de la preocupación por esas versiones que llegaron a los colectivos de búsqueda desde fuentes extraoficiales.
“Aún le queda buen rato en la cárcel, pues no ha sido sentenciado por los delitos de inhumación clandestina, delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma exclusiva del Ejército, fue lo que me dijeron”, precisó.
“Me senté con el Ministerio Público y Santiago Meza no va a salir todavía, seguirá en el bote” abundó.
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Mencionó que de acuerdo con la autoridad federal, el delito de delincuencia organizada tiene una pena de al menos 10 años de prisión, y el delito de inhumación clandestina significa cárcel de cinco a 10 años, sin descontar que también está acusado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“Es un alivio saber que no va a salir pronto, hizo daño a muchas familias”, enfatizó.
Santiago Meza fue detenido por el Ejército mexicano en un centro recreativo en Ensenada en enero de 2009. Lleva 13 años en la cárcel durante su proceso, y el tiempo transcurrido será restado de su sentencia final, comentó el activista.
En el 2014, un juez del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Baja California, giró orden de auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro calificado, según fuentes periodísticas.
Y en el 2017, interpuso un amparo tras argumentar que fueron violados sus derechos al ser torturado durante su detención del 2009.