Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California (TSJBC), informó que en promedio la inversión de la nueva sala de justicia laboral asciende a los 40 millones de pesos, un presupuesto que no se obtuvo por el gobierno estatal, por lo que está buscando recurso de la federación para que inicie la primera etapa de justicia laboral en Baja California.
“Estamos aspirando a bajar fondos y recursos federales del orden federal de la Secretaría del Trabajo. El día 15 de marzo vamos a reunir todos los requisitos y toda la documentación que se nos pide y la Secretaría del Trabajo nos va a calificar. Va a determinar si cumplimos con todos los requisitos para aspirar a los fondos federales, pero la cuestión es clara, definitivamente sin esos fondos no podemos arrancar la reforma laboral”, subrayó.
El presidente del TSJBC detalló que los juzgados en materia de Justicia Laboral deberán empezar a operar en agosto de este año, y para arrancar el nuevo sistema de justicia laboral en una primera etapa se necesita un tribunal laboral en la ciudad de Tijuana con tres jueces, uno en Mexicali con dos jueces laborales y uno en Ensenada con un juez laboral.
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Esa es solo la primera fase para alrededor de nueve y 10 meses, la idea es que como esto empieza en octubre, el siguiente año es pedir un presupuesto para la segunda fase al orden estatal.
“Para este sistema, que son seis jueces laborales con la infraestructura, ya que la tenemos, solo necesitamos modificaciones internas, seis jueces laborales. La nómina para tres meses nos cuesta alrededor de 40 millones de pesos, 40, ahora el salario de un juez durante todo el año ronda los 900 mil pesos", agregó.
Reiteró que en caso de no lograr la gestión del recurso económico, no podrán iniciar con el nuevo sistema de justicia laboral.
“No veo yo ese escenario en el que no tengamos esos recursos porque sin esos recursos no podemos iniciar. Pedimos en el presupuesto una cantidad para este año superior, para efecto de poder habilitar todas las salas que se requieren no por fases, y no recibimos absolutamente nada. Reitero que si no tenemos ese recurso no vamos a poder iniciar con este proceso”, insistió.
En febrero del año 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.
La reforma implica un cambio en el modelo de administración e impartición de justicia en materia laboral para que se usen plataformas electrónicas con buzones electrónicos y aplicaciones para operar la conectividad entre las autoridades laborales y el justiciable, por lo que el Tribunal Electrónico deberá ser fortalecido para garantizar que los procedimientos de justicia laboral sean ágiles y efectivos.