Tijuana, COM.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 17/2018, dirigida al Presidente Municipal de Tijuana, Licenciado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, sobre el caso de violaciones a los derechos a la igualdad y al trato digno en agravio a personas en contexto de migración, así como al derecho a la protección contra injerencias arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión.
De acuerdo a los hechos, el 15 de noviembre de 2018, a través de un medio de comunicación se publicó una entrevista realizada a AR1, (Alcalde de Tijuana), en la cual se refirió a las personas en contexto de movilidad integrantes del éxodo que se encuentra en Baja California desde el día 11 de noviembre de 2018, de la siguiente manera:
“Tenemos aproximadamente cerca de 2 mil personas, que no me atrevo a calificar a estas 2 mil como personas migrantes, dentro de este grupo de personas se ha colado si se me permite, una serie de viciosos, gente que se dedica a otras actividades, [hace], el día de ayer se arrestó a un grupo de ellos y se puso a disposición del INAMI, para que les aplique el 33 constitucional. Qué es eso, los deporte inmediatamente a su país de origen […] antenoche fueron 4 personas, y podría decirse son 4, claro si son gente non grata, imagínate 4 ahorita, al rato 40, al rato muchas gentes más y no se vale […] En Tijuana estamos nosotros levantando una consulta para ver si verdaderamente quieren que sigamos recibiendo a estas personas que repito, me atrevo a decir, no todos son migrantes, [Alejandro], retando a la autoridad, subiéndose a las bardas, afectando a los ciudadanos tijuanenses, no querer aceptar la asistencia médica, la asistencia social, quejándose porque se les entregaron alimentos, querían otro tipo de alimentos, no quieren estar en los albergues que hemos abierto, que no refugios, son albergues.
Estamos haciendo todo lo que en Tijuana tenemos al alcance con los elementos de la policía tratando de mantener el orden […] Queremos que se les aplique el 33 constitucional, por indeseables, no queremos que estén molestando a Tijuana, es una ciudad de migrantes, pero no de esta manera, la otra, hace unos días se criticaba que por qué no resolvíamos igual que con los haitianos, fue distinto, los haitianos llevaban sus papeles, venían en orden a hacer su trámite ante los Estados Unidos y no era una horda de, perdón que lo diga, pero no importa porque yo sigo considerando que los derechos humanos son para los humanos derechos […] Hay algunos que son una bola de vagos, marihuanos, fumando marihuana en la calle, agrediendo a las familias de Playas de Tijuana, Estas personas llegan en un plan agresivo, grosero”. A pregunta expresa sobre la forma en la que impedirían el acceso de las personas en contexto de migración a la ciudad de Tijuana, manifestó o siguiente: “habremos de poner los retenes ahí en Tecate.”
Asimismo manifestó que el Instituto Nacional de Migración (INM) llevó a Playas de Tijuana a un grupo de 87 personas en contexto de movilidad humana pertenecientes a la comunidad LGBTI, y que esto debió ser avisado a los vecinos.
Por lo anterior, la CEDHBC inició de oficio el Expediente CEDHBC/TIJ/Q/1259/2018/5VG por presuntas violaciones a derechos humanos de las personas en contexto de migración integrantes de la Caravana Migrante, manifestadas a través de las declaraciones ya referidas de AR1.
Posteriormente, el día 20 de noviembre de 2018, las diversas organizaciones presentaron Queja por escrito en la que manifiestan el rechazo a las expresiones de AR1, exigiendo se retracte de tal posicionamiento, así como de declinar en la propuesta de consulta ciudadana a que hizo alusión en la entrevista que da lugar a la Recomendación, la cual refirieron tiene como objetivo legitimar la represión y el abuso a los migrantes que llegan a la frontera.
A efecto de conocer la verdad histórica de los hechos la CEDHBC las evidencias necesarias y solicitó los Informes Justificados a las autoridades involucradas.
Del análisis lógico-jurídico de las evidencias que integran el Expediente, así como de los múltiples pronunciamientos emitidos por AR1, se asevera la existencia de elementos suficientes para acreditar que en el presente caso existen vulneraciones a los derechos humanos, particularmente al derecho a la igualdad, al trato digno, a la no discriminación y a la protección contra injerencias arbitrarias en el ejercicio de la libertad de expresión.