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Las empresas que mantienen adeudos considerables de consumo de agua ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) no serán denunciadas de manera penal, señaló uno de los voceros de la paraestatal.
"La denuncia no es por robo de agua (...) La denuncia será hacia funcionarios pasados que fueron omisos en cobrar como se debía", explicó.
En días pasados el gobernador del estado, Jaime Bonilla, habló de la posibilidad de enjuiciar a las empresas morosas, no obstante, esta acción no sería aplicada en contra de éstas últimas, según lo agregado por el servidor público de la comisión.
La Secretaria de Honestidad y la Función Pública será la encargada del proceso en contra de antiguos servidores públicos. Al consultarla sobre el avance de las denuncias no se obtuvo respuesta.
De igual forma se solicitó en la Fiscalía General del Estado (FGE) informes sobre procesos por las acusaciones hechas públicamente por el gobierno estatal, pero tampoco hubo información al cierre de esta edición.
En ese sentido, Hans Zamorano, delegado estatal de la Coordinadora Nacional de Abogados de México, expresó que para elaborar una denuncia formal por las irregularidades detectadas se tendría que reunir una serie de pruebas.
"Habría que tener una base legal. Definir de qué fecha a que fecha lo estuvieron haciendo (el supuesto delito), mostrar un peritaje y luego ya demandar", precisó.
El vocero de la CESPT, por último agregó que la función de la comisión se limita a la cobranza del dinero pendiente de las cuentas atrasadas y a proceder con el cese del servicio en caso de que la empresa no cumpla con el pago.
"Se calcula su deuda en caso de tenerla. Cuando se le notifica se le entrega un dictamen y sabe lo que debe, y hacen una cita para pago o prueba de que no deben, si no acuden se procede a corte y taponamiento de drenaje", agregó.
En días pasados el gobernador del estado, Jaime Bonilla, señaló la posibilidad de demandar a empresas
