Tijuana.- Los residentes afectados de la colonia Lomas de Rubí informaron que recibieron respuesta al oficio entregado en noviembre al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se les notifica que son el estado y el municipio los que tienen la competencia y responsabilidad para dar atención a su solicitud de sanción y clausura definitiva a la empresa Grupo Melo, ante la acusación de los damnificados como responsable del colapso de sus casas.
“En donde manifiesta la postura exacta de la federación, de la responsabilidad que recae directamente sobre el estado y el municipio en cuestión de vigilancia en todo lo referente a edificaciones”, refirió Atalia Ramos sobre el documento que recibieron este mes de febrero.
Refiriendo entonces la responsabilidad directa del estado y el municipio en el ámbito administrativo, mismo que no han hecho efectivo, ni la administración pasada ni la actual, dejando a las familias sin acceso a la justicia real, refirió la afectada en representación de las familias.
El oficio está firmado por el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Desarrollo Territorial, Francisco Dorantes Díaz.
Atalia Ramos recordó que hay una orden por parte del tribunal local en donde se concedió la suspensión la obra de Grupo Melo en Valle del Pedregal, “no se puede realizar movimiento de tierra justamente en Valle del Pedregal, no se puede hacer ningún trabajo”, añadiendo que esto no ha servido de nada, porque el departamento del municipio encargado de supervisar que esto no ocurra, no está cumpliendo su labor.
Por lo anterior, los afectados aseguran que la empresa constructora está incumpliendo la orden de un juez, “estamos todavía esperando el actuar de las autoridades correspondientes del municipio y del estado, en esa parte de lo que les toca hacer a sabiendas de que hay una orden del tribunal”, dijo Ramos.
Asegurando que la falta de suspensión de la obra, la clausura por parte de las autoridades tanto del estado como del municipio, es prueba de la falta de justicia de la que son víctimas las familias que perdieron su patrimonio.