Alejandra Castañeda
Tijuana.- En la región Centroamérica-México-Estados Unidos se experimentan cada vez con mayor frecuencia la migración de colectivos de personas camino a Estados Unidos.
En años recientes esta región ha visto la transmigración voluminosa de poblaciones de diversos países donde los desplazamientos de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras son cada vez más numerosos. Además del flujo tradicional del triángulo norte se han presentado migraciones significativas de personas de otros países como Cuba, particularmente entre 2015 y 2017; Haití en 2016; Venezuela en 2017 y 2018 y de Nicaragua desde 2016 aunque en menor proporción.
El actual desplazamiento poblacional de migrantes de origen hondureño, que inició el 13 de octubre como una caravana y muy pronto se transformó en éxodo masivo, refleja la crisis económica, política y de violencia que se vive en Honduras.
Para las familias que se ven orilladas a emprender un trayecto de migración en masa que les otorgue por lo menos un mínimo de seguridad de la que se carece cuando se viaja a solas, sin embargo, un camino largo y sin garantías de lograr su objetivo de llegar a Estados Unidos, aun así es preferible que permanecer en una situación y un país sin lugar para la esperanza.
Desde la perspectiva de política pública, para México la actual coyuntura representa un reto mayúsculo ya que, como gobierno, se busca el manejo ordenado de la migración, pero también se tienen obligaciones internacionales y de la propia ley de asilo mexicana, de apoyo a poblaciones vulnerables.
En este sentido, el gobierno mexicano ha tenido un actuar de forma ambivalente, con una primera reacción de contención enviando un numeroso contingente de policías federales antimotines a la frontera sur, lo que llevó a un enfrentamiento en el puente fronterizo.
También se ha desplegado a lo largo de la ruta a Tapachula y Huixtla, otros grupos de policías como estrategia de amedrentamiento. Pareciera que día a día la administración del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, se enfrenta a la tentación de reprimir, detener y deportar.
La segunda postura que el gobierno mexicano ha tomado es de carácter diplomático y político: se reconoce la gravedad de la situación y se solicita la intervención de ACNUR para apoyar en la atención de la emergencia humanitaria, y se pidió el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México.
Así mismo, los organismos de derechos humanos como la CNDH y la CIDH solicitaron medidas cautelares para proteger a las personas que vienen en la caminata migrante. Desde un principio la CNDH ha estado presente en la zona tanto en su papel de observadores y garantes de los derechos humanos, como dando apoyo humanitario.
A su vez, en un comunicado conjunto del 19 de octubre, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores informaron que México refrenda el derecho a solicitar refugio pero al mismo tiempo se afirma que deportará a migrantes irregulares, es decir, a aquellos que no realicen el trámite de ingreso al país por el puente fronterizo conforme a la ley, a través del Instituto Nacional de Migración.
Así, para el gobierno mexicano su actuar debe ser acorde a la ley migratoria y a la ley de asilo, y su relación con la caravana hondureña se circunscribe a este marco.
El impacto político de la Caravana es costoso para la causa misma de la defensa de los derechos humanos de los migrantes. En un primer escenario las imágenes del forcejeo violento en la frontera le caen como anillo al dedo a Trump y a los republicanos frente a las próximas elecciones en Estados Unidos, escenas e imágenes que serán usadas una y otra vez para incentivar el sentimiento antiinmigrante de los votantes, de eso no queda duda.
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