Alejandra García
San Diego.- En San Diego, autoridades norteamericanas han solicitado mayor tiempo para reunificar a las decenas de familias que fueron separadas al cruzar sin papeles la frontera sur de Estados Unidos.
El pasado viernes 6 de julio, las autoridades se presentaron ante la corte para una audiencia ante la jueza de Distrito Dana Sabraw, ante quien no pudieron proporcionar una actualización precisa en relación al progreso de la reunificación, afirmaron autoridades de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).
Esta organización ganó, el pasado 26 de junio, un requerimiento preliminar mediante el cual se exigió la reunificación de menores de cinco años dentro de los 14 días siguientes y de todos los niños dentro de los 30 días posteriores.
A pesar de la orden del juez a la administración de Trump, de presentar una lista de niños menores de cinco años que estaban separados, la información fue imprecisa y el gobierno federal solicitó aplazar la fecha final para lograr la reunificación de todas las familias afectadas.
Será este lunes, cuando se vuelvan a presentar en corte federal donde se decidirá si se extiende el plazo establecido para este martes 10 julio, para reunir a los menores con sus familias.
JUICIOS MASIVOS
Este lunes comenzarán en San Diego los juicios grupales en la corte federal de los Estados Unidos. La medida comenzará a ser implementada a partir de este 9 de julio, medida legal que ha sido severamente criticada por activistas y defensores de derechos de migrantes de la localidad.
Benjamín Prado, coordinador de proyectos del Comité de Amigos Americanos en San Diego, señaló que esta medida se ha implementado desde el año 2005 en los estados de Arizona y Texas, cuando se encontraba como presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.
“Este método depende del fiscal general, Jeff Sessions, que es nacionalista blanco que quiere agilizar todo este tipo de procedimientos para criminalizar masivamente (a los inmigrantes)”, afirmó.
Hasta el momento, no hay nada que lo pueda bloquear, explicó, ya que es un proceso implementado desde hace años en los Estados Unidos. El proceso se suma a la política de cero tolerancia, implementada por el presidente Donald Trump, y se extiende ahora a San Diego, con la intención de criminalizar en masa a los inmigrantes, afirmó Benjamín Prado.