Tijuana.- La Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California, detectó un presunto daño patrimonial por parte del Patronato 11 de julio, por un monto superior a 50 millones de pesos.
En el mensaje matutino del gobierno del estado, la titular de la dependencia, Vicenta Espinosa Martínez, se encargó de desglosar varias cifras que presumen varias irregularidades del Patronato encabezado por Carolina Aubanel.
Según la revisión de la Auditoría Superior de la Federación que citó Espinosa Martínez, se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por un monto de 70 millones 335 mil pesos, por concepto de los recursos no ejercidos del programa en la obra objeto del contrato de la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado no. C-PDR-14- TIJ-EP-90, consistente en la construcción de la Plaza 11 de julio.
“En 2015 todavía estaba suspendida la obra, se les pasó el plazo. Como no cumplieron en tiempo y forma las metas establecidas y no ejecutaron los recursos, obviamente el trabajo estaba interrumpido, no tenía ningún trabajo realizado y por lo tanto tampoco estaba en obra y funcionando”, agregó la funcionaria estatal.
Entre todas las cifras que compartió Vicenta Espinosa, que por momentos resultaban confusas, citó un documento en que se señala que se observó que se contrató la obra pública mediante la adjudicación directa con un plazo de ejecución al 4 de enero de 2016, sin contar con la autorización de la prórroga de inicia de construcción incumpliendo con las metas del fondo.
Como resultado de la inspección física realizada a la obra se constató que los trabajos de la obra no habían iniciado, provocando un daño patrimonial por 49 millones 950 mil pesos.
“Los responsables tendrán que venir a dar la cara”, aseveró.
También señaló que del contrato BC-PDR-14- TIJ-EP-90 suscrito el 17 de diciembre de 2014 por más de 111 millones de pesos, se generaron nueve estimaciones por 62 millones 548 mil 970 pesos quedando pendientes por ejercer recursos por un monto de 35 millones 451 mil pesos, los cuales no podrán ser ejercidos debido a que su periodo de la ejecución de la obra se encontró concluido.
En el documento compartido, se indica que el 9 de octubre de 2015 se realizó la inspección física a la obra por personal de la Secretaría de la Función Pública encontrándose que la obra estaba clausurada desde el 29 de septiembre de 2015 por parte de la Secretaría de infraestructura y desarrollo Urbano del Estado.
De esa cifra, dijo, se ha reintegrado 33 millones, 634 mil 913 pesos, faltando por comprobar 1.9 millones de pesos. De los cuales se solicitó que se remita la comprobación justificada o el reintegro de estos recursos, más los rendimientos.
“Esos son los temas, no nada más en México con Lozoya, aquí también hay cosas que nos sorprende como se han manejado los recursos, con ese daño patrimonial”, dijo el gobernador del estado, Jaime Bonilla, al referirse al tema.
