Karina Torres
Tijuana.- En tres días, el perito responsable del estudio que se realizará en la zona de colapso de la colonia Lomas del Rubí, donde más de 100 familias perdieron su patrimonio, deberá entregar los avances del estudio a la Procuraduría General de Justicia en la entidad; de lo contrario, podría enfrentar una sanción penal, afirmó Atalía Ramos, residente afectada por los deslizamientos de tierra en la delegación San Antonio de los Buenos.
“El coordinador del Ministerio Público en Zona Río, Rafael Cinta, nos informó que el perito tiene tres días para entregar los avances; de los contrario, podría ir inclusive hasta la cárcel”, afirmó en entrevista para el Sol de Tijuana.
Indicó que el técnico responsable debió entregar los avances el pasado 5 de octubre; sin embargo, no presentó la información solicitada, por lo que, de nueva cuenta, la autoridad del Ministerio Público solicitó los datos correspondientes, trabajo primordial para determinar las causas que generaron el deslizamiento de tierra.
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Lo anterior se dio a conocer durante la reunión que sostuvieron al menos una veintena de vecinos que se manifestaron en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) para exigir que haya celeridad en el proceso. Los vecinos recorrieron el bulevar Fundadores hasta las oficinas de la PGJE en la Zona del Río, donde, con pancartas en mano, exhortaron a las autoridades a resolver el caso con prontitud, y determinar al presunto responsable de que perdieran su patrimonio de más de 30 años.
Por su parte, el coordinador del Ministerio Público Investigador de Zona Río, Rafael Alfonso Cinta Machuca, -quien atendió a los vecinos-, indicó que faltan 300 mil pesos para concretar el peritaje por parte de la PGJE para deslindar responsabilidades. A pesar de lo primordial del estudio, aún no se cuenta con una fecha para llevar a cabo los trabajos.
“Todavía no tenemos el dictamen, porque pedimos el apoyo al Tribunal (de Justicia en Baja California), porque esa prueba, es algo que no se ha dado; esa prueba cuesta mucho y no tenemos el perito adecuado, por eso pedimos el apoyo al tribunal”, afirmó Cinta Machuca.
De acuerdo a estimaciones de la dependencia de justicia en la entidad, el estudio supera los 300 mil pesos, debido las condiciones del terreno y el equipo especializado que se requiere para llevar a cabo el proyecto. Actualmente el ministerio público de Tijuana cuenta con 110 denuncias que se han formalizado, por parte de los residentes afectados, por los movimientos de tierra ocurridos el pasado 2 de febrero en esta zona de la ciudad, y que dejó al menos a 120 familias en la calle.
De acuerdo a estimaciones de la dependencia de justicia en la entidad, el estudio supera los 300 mil pesos
