Tijuana.-El Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciará en los siguientes días el proceso para que los diputados que aprobaron la “Ley Bonilla”, vayan a juicio político en el Congreso Federal.
En video conferencia virtual, el excandidato a la gubernatura del estado, Jaime Martínez Veloz, mencionó que también se incluirá a los diputados de la actual legislatura, por promover la consulta ciudadana hecha en octubre pasado y que pretendía legitimar la ampliación de dos a cinco años del actual mandato.
Además, la denuncia de juicio político también incluye al gobernador Jaime Bonilla, la exdirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky y al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
“Este conjunto de actores que participaron en la confabulación, debe revisarse en la Cámara de Diputados para que se apliquen las medidas que la ley establece”, comentó.
Martínez Veloz justificó la decisión de iniciar el juicio político en el Congreso Federal y no en el estatal, porque se archivaría y no habría castigo contra los promotores de la “Ley Bonilla”.
“A nivel nacional el coordinador de la bancada de Morena respaldó a la Suprema Corte, no tendría ahora ninguna justificación para detener este juicio, sobre la base de la conclusión de que hubo confabulación”, agregó.
Por su parte, el regidor de Mexicali, Fernando Rosales, anunció que igual se interpondrá una denuncia penal en contra de los integrantes de la 22 Legislatura, por el delito de cohecho y coalición de servidores públicos.
“No estamos dispuestos a tolerar la impunidad, es una muestra de congruencia de que siempre estuvimos en lo correcto de cómo pasaron las cosas, por eso presentamos la denuncia de juicio político para establecer el respeto al marco constitucional y al voto que siempre fue para un mandato por dos años”, expresó.
Ambos representantes del PRD dijeron en sus intervenciones que esperan que avance el juicio político para los responsables de la “Ley Bonilla”, debido al fallo de la Suprema Corte de Justicia, que calificó como un fraude, la pretensión de ampliar a cinco años la actual administración.