Tijuana.- Encaminados en la ruta que los tres partidos han trazado para sumar esfuerzos con la sociedad civil y no permitir que México se conduzca a través de la soberbia, la indiferencia, la opacidad y el control absoluto, los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD exigen al Gobierno Federal un plan de vacunación eficaz y con acceso para todas y todos los mexicanos.
Desde marzo de 2020, mes en el que inició el confinamiento en nuestro país por Covid-19, las autoridades federales solo han actuado con indiferencia al prestar mayor atención a proyectos faraónicos en lugar de atender la emergencia sanitaria que el virus ha provocado; han desmantelado fideicomisos y arrebataron 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para supuesta compra de vacunas, lo cual hasta la fecha no ha sido transparentado, señalan.
De igual forma, la situación en los hospitales es cada vez más crítica: no hay medicamentos, no hay insumos suficientes para atender a pacientes y la austeridad de la que tanto ha presumido Morena es homicida.
Ante esta situación, los líderes políticos exigieron al Presidente de la República transparentar los contratos firmados con empresas privadas para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
Asimismo, mencionaron que la vacuna está siendo utilizada para fines electorales, lo cual representa una estrategia fraudulenta para engañar al pueblo mexicano y para perpetuarse en el poder al aprovechar la situación tan lamentable que viven más de 135 mil familias mexicanas por la muerte de algún familiar.
En este sentido, los dirigentes expresaron la importancia de construir un mejor futuro para las y los mexicanos para recuperar el derecho a la salud y al bienestar.
Necesitamos acciones contundentes en materia económica y social. Es necesario el fortalecimiento de las instituciones; está claro que la pandemia ha reflejado la incapacidad del Gobierno Federal para combatir esta crisis y se refleja ante un régimen autoritario
Por ello, las principales oposiciones al actual régimen de Morena comienzan a unir fuerzas en todo el país con un fin en común: cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y no permitir que “la mayoría” en el Congreso de la Unión siga tomando decisiones dictadas desde Palacio Nacional que afecten de manera directa al bienestar de la sociedad.
