María Silva dice que tuvo un tortuoso matrimonio de varios años y no fue fácil aceptar que era víctima de violencia de parte de su exesposo, cuando el hombre empezó a caer en adicciones.
Para María no fue fácil cuando decidió divorciarse, dice que el padre de sus dos hijos y agresor quería continuar con el matrimonio y a pesar de que Maria era la dueña de la casa donde vivían, su expareja se negaba a irse, dice que pedía una restricción en el Ministerio Público y nunca se la dieron.
“Me dijeron que solo un juez podía darme una orden de restricción o alejamiento y yo no sabía cómo pedirla, no tenía para un abogado”.
El oficio de policía de su exesposo dificultaba la separación y denuncias de agresión con las autoridades, dice que fueron varias las ocasiones que pedía ayuda al 9-1-1, pero cuando acudía a atender el llamado la policía, en ocasiones eran compañeros del agresor y las denuncias no prosperaban.
“Ya no estábamos juntos y se metía a mi casa por las ventanas y llegaban policías a atender la denuncia, a veces eran sus amigos, obviamente no me hacían caso y lo tomaban como un pleito y no como violencia”.
A pesar de que pedía una orden de restricción o alejamiento, pues temía por su seguridad y la de sus dos hijos, por el abuso de drogas de su expareja, el tiempo le dio la razón, las adicciones crecieron en su expareja, perdió el empleo de policía y facilitó liberarse del hombre.
“A lo mejor está en las leyes la órdenes de alejamiento, pero a mí no me llegaron esas protecciones, pero ahora estoy bien, en ese entonces siempre tenía miedo que nos hiciera algo”.
Para la maestra en derecho, Roxana Herrera Téllez, quien también es presidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California, un grupo que ayuda a mujeres violentadas, dice que las leyes protegen de violencia a las mujeres, pero muchas de ellas desconocen cómo realizar medidas precautorias como órdenes de alejamiento a los agresores.
“Lo que sucede es que se desconoce el procedimiento totalmente, porque la ley es perfecta, ya nada más que quien la aplica o quien la desconoce, pues no hace una utilización efectiva de ella -la ley-”, dijo la abogada.
Herrera Téllez mencionó que las leyes locales y federales tienen como fin proteger la seguridad de las personas vulnerables.
“Esas autoridades tienen que proteger tu vida y tu seguridad y entonces la Constitución es perfecta. Lo único que te comento es que los ciudadanos desconocen los artículos de la Constitución y las leyes”.
Los trabajos que realizará la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California es informar a las mujeres víctimas de violencia sobre cómo pueden acceder a normas legales que garanticen su integridad.
“Vamos a hacer unos videos informativos para que las mujeres violentadas sepan el procedimiento, qué es lo que se debe de hacer desde su inicio hasta su fin”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2019 (Envipe) publica en el Inegi que se estima que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en Baja California durante el 2018 fue de 34.69 para mujeres.
En 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) indicó que Tijuana registró una tasa de 1.23 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes por el delito de feminicidio, posicionándose en el quinto lugar a nivel nacional entre los municipios.
En el estado se registraron en 2019 en promedio dos feminicidios mensuales, a ello le sumamos las 2.7 carpetas de investigación por violación, que se inician en Baja California diariamente.
