Tijuana.- Actualmente no hay algún sistema que documente los casos de discriminación o xenofobia en contra de refugiados en el estado, de acuerdo con Dagmara Mejía, jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Baja California.
“No hay los suficientes mecanismos para detectar este tipo de situaciones, y cuando las detectamos son en espacios de confianza, uno a uno, donde nosotros estamos dando acompañamiento a casos y nos lo comentan”, añadió.
La jefa de oficina de ACNUR mencionó que durante los Diagnósticos Participativos, evento anual en el que los refugiados conversan acerca de los retos que encuentran en su proceso de solicitud y condición de refugiado, la xenofobia ha sido uno de los temas que han tocado.
“Se comentó en el ambiente laboral, pero fueron casos muy particulares (...) Hemos encontrado casos individuales que nos han comentado esto, pero no ha habido gente que haya querido denunciar o que se haya sentido amenazada de tal manera para poner una denuncia”, agregó.
Sin embargo, es frecuente que algunas empresas desconozcan cuáles son los documentos que requieren los refugiados para solicitar empleo, y ha sido necesaria la comunicación de la ACNUR con diversas cámaras empresariales para capacitarlas y brindar información sobre los derechos de los refugiados, añadió.
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“Simplemente cierran la puerta por decir que es una persona extranjera (...) Una persona refugiada tiene todos los mismos derechos de una persona mexicana, también en el ámbito laboral y puede ser contratada siendo solicitante en la condición de refugiado”, detalló.
El pasado martes 10 de octubre, Mejía mencionó que de enero a agosto de 2023 cerca de cuatro mil personas han solicitado refugio en Baja California, y desde 2019 la cifra es de casi 15 mil personas.
Esta cifra de refugiados ha sido aprovechada por el sector industrial y manufacturero, dijo la jefa de oficina de ACNUR, pues hasta julio de este año el déficit de trabajadores en esos sectores era de 40 mil puestos, de acuerdo con José Luis Contreras Valenzuela, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO).
“Los empleadores buscan mano de obra, y al no ver mano de obra mexicana, también ven una oportunidad en que pueda ser población en movilidad, no solo refugiada, sino migrantes y desplazados internos mexicanos”, finalizó Dagmara Mejía.