Tijuana.- La intención de la gobernadora al detener la publicación de la Ley de Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) es la de regular dichas terapias y no eliminarlas, indicó Lucía Fernanda Avelar Rosales, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes del V Parlamento de la Juventud.
“Ella señaló que debe quedar en claro que las, los y les personas que sean sometidas a ese tipo de personas deben ser obligadas, cuando esa observación nunca se hizo en las comisiones”, señaló Avelar Rosales.
Según la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, esta medida puede poner en un estado de vulnerabilidad a los integrantes de la comunidad LGBT, pues los padres de familia de menores de edad podrían estar de acuerdo con la realización de estas terapias.
“En este caso la iniciativa busca sancionar a todo el que realice y promocione las terapias de conversión. Hay una pena específica para las personas que la realicen, sean centros de terapia, líderes religiosos o cualquier tipo de persona”, agregó.
Avelar Rosales destacó que las sanciones para los padres de familia que acudan a estos centros para internar a sus hijos, no buscan que sean penas de prisión o penas privativas, sino que realicen trabajos a favor de la comunidad LGBT y que puedan comprender que fueron mal informados sobre ese tema.
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Esta ley fue subida al pleno del Congreso local la semana pasada y fue aprobada con 20 votos a favor y tres en contra, señalando Avelar Rosales que fueron diputados del Partido Acción Nacional (PAN) quienes votaron en contra.
“El proyecto se subió a la Comisión de Igualdad de Género y se aprobó por unanimidad, en dicha sesión el representante del ejecutivo hizo algunas observaciones hablando en ser más específico en temas de sanciones, sin embargo los legisladores señalaron que estas observaciones no son viables, pues los jueces determinan las penas”, detalló Avelar.
