Tijuana.- Después del retorno de Jaime Bonilla Valdez como senador, y con dos investigaciones abiertas por parte de la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California, su titular, Rosina del Villar Casas, no descarta la posibilidad de solicitar el desafuero del ex gobernador en caso de que resulte responsable y se inicie un procedimiento en su contra.
Aunque Bonilla recuperó el fuero constitucional, que le da inmunidad procesal, la funcionaria dijo que sí es factible solicitar le sea retirado este privilegio legal, como ya sucedió con el ahora ex diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de violentar sexualmente a un menor de edad.
Durante su periodo de gobierno, Bonilla fue denunciado por usurpar funciones, al ostentarse como ingeniero sin contar con cédula que lo acredite como tal.
En noviembre de 2021, el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda interpuso una demanda penal en contra de Jaime Bonilla y seis funcionarios de su administración, entre ellos Amador Rodríguez Lozano, quien fuera secretario general de Gobierno.
La querella se presentó por efectuar un proceso de contratación presumiblemente irregular del proyecto de la planta fotovoltaica, el cual signaron sin respetar lo autorizado por el Congreso del Estado.
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Presentaron una licitación y firma “de un contrato afectado de nulidad por evidente beneficio a una de las partes”, acotó la secretaria de Honestidad y Función Pública.
El pasado 25 de marzo Bonilla solicitó a la presidenta de la cámara de senadores, Olga Sánchez Cordero, retornar a su curul la cual dejó el 6 de diciembre de 2018 para buscar la candidatura a gobernador de Baja California.
Si bien, el decreto presidencial publicado en febrero de 2021 solo incluye al presidente de la República y no a los legisladores para ser imputados y juzgados por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, sí es factible retirarles el fuero, anotó, Rosina del Villar.
“Porque tiene derecho de ser oído y vencido en juicio”, dijo.
La funcionaria recordó que con la reforma a la ley, la prescripción de las faltas graves es a los siete años de cometida la falta, y a Bonilla solo le quedan como senador tres años.
Consideró que hay suficiente tiempo para concluir la investigación antes de concluido el periodo de prescripción.
