El gobierno estatal ha recibido “de buena fe” la documentación de los vehículos “chocolate” que buscan su regularización amparados en el decreto federal y así les ha entregado placas, de acuerdo con Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
“Nos llegan los documentos y no somos una autoridad investigadora sobre la procedencia de esos documentos. Nosotros partimos de la buena fe cuando llegan a hacer su procedimiento por el decreto”, dijo la mandataria estatal.
Hace unos días, Adolfo Ayala Bejarano, vicepresidente de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), y Alejandro Robles Segura, administrador de la Aduana de Tijuana, indicaron que en el cruce internacional están siendo decomisados autos regularizados con ese decreto, debido a que ingresaron al país después del 19 de octubre de 2021.
El decreto, publicado en enero de 2022 y vigente hasta septiembre del 2026, señala que solamente podrán ser regularizados los automóviles que ingresaron al territorio antes del 19 de octubre de 2021.
La gobernadora justificó que la documentación sobre los vehículos “chocolate” que entregaron los ciudadanos dicen que la fecha de ingreso cumple con los requisitos.
“Cuando llegan con nosotros ya llegan como si hubieran entrado antes del decreto (...) Como se está cumpliendo con el decreto nosotros partimos de la buena fe, si nos están entregando el documento creemos en el documento”, reiteró Ávila Olmeda.
Además, consideró que los vehículos que ingresaron fuera de tiempo y están siendo decomisados por la Aduana son “casos muy particulares”.
“Hay que hacer el análisis o las denuncias correspondientes, con muchísimo gusto. Pero la autoridad que hace la evaluación una vez que llega el ciudadano para regularizar su vehículo parte de la buena fe y que los documentos son originales”, insistió.
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En Baja California, hasta finales de septiembre, habían sido regularizados mediante el decreto federal casi 400 mil vehículos que dejaron a las arcas 950 millones de pesos, de acuerdo con información de la delegación del gobierno federal en Baja California.
El 25 de octubre, Jorge Macías Jiménez, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), en la zona fronteriza, estimó que aproximadamente ingresan ilegalmente a Tijuana entre 200 y 300 vehículos.
“Sin placas o con placas sobrepuestas que vienen al mercado informal, solamente en Tijuana, aparte toda la frontera. Nos dicen que es un tema difícil, que detienen carros pero que no pueden parar a todos”, dijo en esa ocasión.
