/ sábado 10 de julio de 2021

Grupo va a verificar la alerta de género

Se dará continuidad con la siguiente administración a las actividades de revisión, informó la titular de la Conavim

Tijuana.- Después de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres en el estado de Baja California y su recepción por parte del gobierno estatal, se formó un grupo interinstitucional y multidisciplinario que será el encargado de verificar las acciones de la autoridad estatal para atender, prevenir y erradicar las conductas que violenten la vida de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la maestra Fabiola Alanís, señaló que si bien es la Secretaría de Gobernación federal (Segob) la institución que encabeza la verificación del cumplimiento de las directrices de la alerta, el grupo interinstitucional y multidisciplinario realizará las acciones de reuniones bimestrales para conocer el avance de las acciones del gobierno estatal.

Cabe mencionar que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Adolescentes y Niñas, contempla la figura de la alerta de género en su declaratoria, pero no indica el término y el cómo de la “desactivación” de la alerta.

Lo que explicó la directora de la Conavim da pie a una serie de revisiones, no solo por la comisión y la Secretaría de Gobernación, sino por todos los involucrados en el informe en el que se basó la declaratoria.

La presentación de resultados, avances y procesos cumplidos o no alcanzados estarán sujetos a las reuniones del grupo interinstitucional, dijo Alanís, esperando que sean buenas noticias en los meses que le quedan a la administración estatal actual.

No obstante, señaló que este mismo grupo de trabajo dará continuidad con la siguiente administración a las actividades de revisión, pero es la Secretaría General de Gobierno de Baja California la que debe incluir en los informes de transición lo referente a la Alerta de Violencia contra las Mujeres, para que no sean acciones perdidas en los cuatro meses restantes de la administración de Jaime Bonilla Valdez.

“Pudiera incluirse para la reunión próxima incluso a la representación de la siguiente administración”, dijo la directora, sin embargo, esto dependerá del avance de la conformación de la siguiente administración y su gabinete, indicó la funcionaria federal.

Los indicadores a revisar por el grupo interinstitucional van desde las estadísticas de violencia de cualquier tipo reflejadas en los informes del Secretariado Nacional de Seguridad, así como la evaluación del seguimiento de las recomendaciones de la alerta.

La comisionada refirió que sin duda las acciones en las que se pondrá especial énfasis en las revisiones bimestrales son los índices hasta ahora crecientes de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, agravios físicos y violencia intrafamiliar.

Si bien la Conavim pide revisiones bimestrales, el grupo de así requerirse, puede sesionar mensualmente, concluyó Fabiola Alanís.

Hay que recordar que la alerta se logró con la solicitud que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California en febrero del 2020, misma que se admitió en la Secretaría de Gobernación por la posible existencia de un contexto de violencia feminicida en la entidad.

En noviembre del 2020, se instaló el grupo de trabajo, entre académicos e investigadores imparciales, que hizo un primer análisis en San Quintín y a partir de ahí se emitieron las medidas provisionales, ahí es donde se involucró a varias instituciones de gobierno para aprobar en mayo del 2021 la alerta para la entidad de Baja California.

La alerta consta de 10 medidas de prevención, 11 medidas de seguridad, 13 acciones para la justicia, además de cinco medidas para garantizar la reparación del daño a las víctimas, el cual es uno de los grandes pendientes a nivel nacional.

En la última se pidió especial atención a la Fiscalía General de Baja California y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, instituciones que deberán incorporar a la brevedad posible los protocolos mediante los cuales las víctimas tengan acceso a un proceso de reparación del daño, o en el caso de un fallecimiento, sus deudos, sobre todo cuando se trata de menores de edad.

Tijuana.- Después de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres en el estado de Baja California y su recepción por parte del gobierno estatal, se formó un grupo interinstitucional y multidisciplinario que será el encargado de verificar las acciones de la autoridad estatal para atender, prevenir y erradicar las conductas que violenten la vida de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la maestra Fabiola Alanís, señaló que si bien es la Secretaría de Gobernación federal (Segob) la institución que encabeza la verificación del cumplimiento de las directrices de la alerta, el grupo interinstitucional y multidisciplinario realizará las acciones de reuniones bimestrales para conocer el avance de las acciones del gobierno estatal.

Cabe mencionar que la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, Adolescentes y Niñas, contempla la figura de la alerta de género en su declaratoria, pero no indica el término y el cómo de la “desactivación” de la alerta.

Lo que explicó la directora de la Conavim da pie a una serie de revisiones, no solo por la comisión y la Secretaría de Gobernación, sino por todos los involucrados en el informe en el que se basó la declaratoria.

La presentación de resultados, avances y procesos cumplidos o no alcanzados estarán sujetos a las reuniones del grupo interinstitucional, dijo Alanís, esperando que sean buenas noticias en los meses que le quedan a la administración estatal actual.

No obstante, señaló que este mismo grupo de trabajo dará continuidad con la siguiente administración a las actividades de revisión, pero es la Secretaría General de Gobierno de Baja California la que debe incluir en los informes de transición lo referente a la Alerta de Violencia contra las Mujeres, para que no sean acciones perdidas en los cuatro meses restantes de la administración de Jaime Bonilla Valdez.

“Pudiera incluirse para la reunión próxima incluso a la representación de la siguiente administración”, dijo la directora, sin embargo, esto dependerá del avance de la conformación de la siguiente administración y su gabinete, indicó la funcionaria federal.

Los indicadores a revisar por el grupo interinstitucional van desde las estadísticas de violencia de cualquier tipo reflejadas en los informes del Secretariado Nacional de Seguridad, así como la evaluación del seguimiento de las recomendaciones de la alerta.

La comisionada refirió que sin duda las acciones en las que se pondrá especial énfasis en las revisiones bimestrales son los índices hasta ahora crecientes de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, agravios físicos y violencia intrafamiliar.

Si bien la Conavim pide revisiones bimestrales, el grupo de así requerirse, puede sesionar mensualmente, concluyó Fabiola Alanís.

Hay que recordar que la alerta se logró con la solicitud que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California en febrero del 2020, misma que se admitió en la Secretaría de Gobernación por la posible existencia de un contexto de violencia feminicida en la entidad.

En noviembre del 2020, se instaló el grupo de trabajo, entre académicos e investigadores imparciales, que hizo un primer análisis en San Quintín y a partir de ahí se emitieron las medidas provisionales, ahí es donde se involucró a varias instituciones de gobierno para aprobar en mayo del 2021 la alerta para la entidad de Baja California.

La alerta consta de 10 medidas de prevención, 11 medidas de seguridad, 13 acciones para la justicia, además de cinco medidas para garantizar la reparación del daño a las víctimas, el cual es uno de los grandes pendientes a nivel nacional.

En la última se pidió especial atención a la Fiscalía General de Baja California y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, instituciones que deberán incorporar a la brevedad posible los protocolos mediante los cuales las víctimas tengan acceso a un proceso de reparación del daño, o en el caso de un fallecimiento, sus deudos, sobre todo cuando se trata de menores de edad.

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