Tijuana.-En la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, las comisiones de servicios públicos del agua le han pagado por honorarios a la empresa Fisamex 339 millones 629 mil 612 pesos, y se le adeuda 11 millones 553 mil pesos por los servicios de auditorías de consumo comercial de agua potable.
En medio de la pandemia, la empresa Fisamex fue de las empresas con mayores ganancias en la entidad realizando revisiones de consumos irregulares de agua potable.
Según información de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California, a poco más de tres meses que termine el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, Fisamex recibirá un total de 351 millones 182 mil 584 pesos por comisiones de trabajo realizado hasta el 3 de agosto de 2021.
Se desglosan los montos pagados por los organismos de agua de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate, así como los adeudos que tienen con la empresa auditora, en la que se detalla que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) le ha pagado 256 millones 086 mil 386 pesos y adeudan siete millones 150 mil 083 pesos.
En el contrato entregado a Fisamex, número ADSRP-CESPTE-BC-2020-10, por adjudicación directa, la Comisión del Agua de Tecate pagó por comisiones 11 millones 436 mil 170 pesos; se le adeuda 611 mil 613 pesos.
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La Comisión de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) pagó 21 millones 663 mil 184 pesos; se le adeuda dos millones 141 mil 052 pesos.
La Comisión del Agua de Mexicali pagó 50 millones 443 mil 872 pesos y se le adeuda 611 mil 613, y adeudan a la empresa un millón 650 mil 754 pesos.
Desde que se inició con las auditorías por cobro de agua potable por la empresa Fisamex en mayo del 2020 las empresas, al sentir que eran cobros irregulares, presentaron ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa un procedimiento contencioso administrativo para solicitar la devolución de los montos pagados a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), aseguran que muchos de ellos se han ganado a favor de las empresas.
En su defensa, las empresas alegan que previo a los dictámenes de Fisamex no tenían adeudos del servicio de agua y que les hicieron un cobro desproporcionado del servicio y en muchos de los casos se pagó para no interrumpir la operatividad de las empresas y que se les reconectara el servicio.
Hasta el momento, la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública no ha dado a conocer cuántas son las empresas a las que se les tendrá que devolver los pagos auditados por Fisamex bajo una orden del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California.
Sobre el tema de las devoluciones derivadas de procedimientos contenciosos administrativos que han recurrido en empresas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila Olmeda se refirió: “estos amparos que se están ganando por parte de las empresas, yo creo que al final del día la empresa Fisamex hizo compromiso con el estado, donde están recibiendo millones de pesos de comisión y pues debería de responder la empresa por no hacer bien su trabajo y estar perdiendo los amparos al gobierno del estado y que están poniendo en riesgo las finanzas públicas estatales”.
