Tijuana.- El 17 de octubre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de un viaducto elevado con una inversión de 10 mil millones de pesos, llamado en aquel entonces “Viaducto Zapata”, que conectaría el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez con la delegación Playas de Tijuana.
Esta no era la primera vez que se hablaba de este proyecto, pues el ex gobernador Francisco Vega había presentado en la última parte de su administración un viaducto de características similares pero de cuota, y el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez lo retomo, pero en ninguna de estas dos ocasiones la obra se concretó.
Sin embargo, hace apenas una semana el secretario de Economía e Innovación en Baja California, Kurt Honold Morales, dijo a medios de comunicación que la obra anunciada por López Obrador ya había comenzado.
“Es un hecho que es una obra que se va a hacer y va a venir el presidente a inaugurar el inicio de la construcción”, afirmó el funcionario.
Honold Morales mencionó que los trabajos iniciarán en los terrenos ya adquiridos, y al ser cuestionado sobre los espacios donde aún hay habitantes respondió que se negociará con ellos sin descartar medidas más contundentes.
“Si no, se van a tener que expropiar, no hay de otra. De que se va hacer, se va hacer (la obra)”, expresó.
Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) en el estado, detalló que el viaducto tendrá una extensión de 15 kilómetros y cuatro carriles.
Estará dividido en cuatro etapas: la primera de ellas inicia en la glorieta Cruces de los Caídos a la altura del Aeropuerto de Tijuana, donde el trayecto comenzará con un túnel.
Posteriormente el camino continuará por la parte superior del Cañón Zapata hasta llegar a las vías del tren a la altura de la colonia Libertad donde habrá un pequeño distribuidor con salidas a Zona Río y la garita de San Ysidro.
El viaducto recorrerá el resto de la Avenida Internacional hasta llegar a un túnel en curva que conectará con la Delegación Playas de Tijuana y la colonia El Soler.
La construcción está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como otras obras del gobierno federal e iniciará en Playas de Tijuana, puntualizó Espinoza Jaramillo.
“Empiezan creo que a partir de mayo. Están liberando algunos tramos de instalaciones con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para saber qué hay que mover de tuberías”, detalló.
Para el paso de la nueva vialidad tantas veces anunciada, el 1 de febrero el Ayuntamiento de Tijuana entregó 17 predios de la ciudad con una extensión de 27 mil 496.887 metros cuadrados, de los cuales dos están en la delegación Playas de Tijuana, cuatro en la delegación Centro y 11 en la delegación Otay Centenario.
“Hace unos meses yo decía que el problema de la movilidad era tan grave y ya no teníamos espacio, y era urgente un segundo puente, y en este caso el presidente nos cumple y nos da esta obra magna, hoy el municipio libera lo que estaba en su cancha para que se empiece a trabajar”, dijo Montserrat Caballero Ramírez, presidenta municipal.
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Pero no toda la ciudadanía parece tan contenta con esta obra, pues de acuerdo con el titular de la SIDURT, la extensión del viaducto afecta a alrededor de 175 propiedades.
Y algunos de los ciudadanos propietarios de esos terrenos aseguran que no tienen información suficiente sobre el futuro de sus viviendas.
Leslie González tiene su vivienda en la avenida Internacional, cerca del aeropuerto, y señaló que hasta hace unos días no había tenido contacto con ninguna autoridad, solamente ha dialogado junto a sus vecinos con intermediarios.
“Tenemos miedo, no tenemos información, tienen que enterarse que las personas que estamos aquí tenemos una vida en el lugar. El gobierno no ha pensado que hay madres solteras y personas de la tercera edad, el gobierno no ha pensado que nuestro único patrimonio es esta casita”, expresó.
Explicó que su padre compró 30 años atrás el terreno donde actualmente está su vivienda, pero nunca escrituró el predio, y esa es otra parte de la inquietud que no la deja en paz.
“Casi no duermo, es una preocupación constante tener la incertidumbre de a dónde me voy a meter con mis dos hijos, ¿solamente van a venir con las máquinas y tumbar todo?”, preguntó.
Espinoza Jaramillo mencionó que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), ya realizó un avalúo maestro en las propiedades que serán afectadas y hay 800 millones de pesos para pagar por ellos.
“Con eso empiezan a poder acercar a las personas una por una, en esto también está la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), que es la encargada de la liberación del Derecho de Vía para entregárselo a la Sedena, ya empezó a hacer reuniones con las personas”, afirmó el titular de SIDURT.
Cuestionado sobre una posible negativa de los habitantes a vender su vivienda, Espinoza Jaramillo dijo que agotarán todas las posibilidades.
“Vuelvo a insistir: entra la federación, el estado y el municipio, si ya una cosa se tiene que hacer tendría que proceder alguna expropiación en todo caso” (sic), enfatizó.
Dijo que por el momento no han adquirido ninguna propiedad, pero después del avalúo maestro la SICT espera que en este mes de febrero la federación libere el recurso para la compra y posteriormente vendrá la negociación con la ciudadanía.
Por otra parte, los habitantes de la colonia Libertad recibieron la visita de encargados de la construcción, quienes tomaron medidas entre las calles y viviendas de la colonia.
Rosa María Jiménez Sicaeros, quien resultaría afectada con la construcción del Viaducto Zapata, dijo que la situación de ella y su familia es más complicada porque posee un edificio 20 departamentos de renta que piensa serían demolidos para el proyecto federal.
“Estoy molesta porque nos quieren sacar de ahí nomás por el proyecto. Para mí es algo difícil porque es el sostén de cuatro familias ¿A dónde vamos a parar? No nos van a dar la cantidad suficiente como para poder parar otros departamentos así”, manifestó.
Jiménez Sicaeros agregó que inició la construcción de sus departamentos en 2005, y como actualmente está completamente ocupado, esas familias también se verían afectadas.
“Nos dijeron que aunque no estuviéramos de acuerdo, las máquinas iban a entrar. Yo propongo que me pongan otra propiedad como esta que tengo y contenta me voy, pero no sé cuánto me van a dar”, dijo.
El pasado sábado 28 de enero algunos vecinos afectados sostuvieron una reunión con Gilberto Portugal Martínez, asesor de los colonos, quien consideró que es un hecho que las propiedades serán expropiadas, por lo que exigirán un avalúo comercial.
“No se que tipo de avalúo van a hacer, están en su derecho de pelear esa situación. Una vez publicado el decreto expropiatorio algunos se van a ir al amparo ante la incertidumbre de no saber de qué manera se va a indemnizar y con qué cantidad se va a pagar el metro cuadrado”, adelantó.
Portugal Martínez reiteró que los ciudadanos deben buscar que se les pague lo apropiado por sus terrenos, pues no desean vender su vivienda y la probabilidad de la expropiación es muy alta.
La situación de Rosa María Jiménez Sicaeros fue mencionada al secretario Espinoza Jaramillo y respondió que la compra incluiría terreno y construcción.
“Se hace un avalúo completo de la propiedad”, aseguró.
El funcionario estatal tampoco descartó la petición de los colonos sobre un avalúo comercial.
“Se puede, ahí donde hay una negociación se presentan las propuestas, se hace otro avalúo, se hace una reconsideración del avalúo, está siempre abierto a eso SICT¨, comentó.
Sin embargo, no todos los afectados por el viaducto están molestos con el proyecto, como es el caso de Francisco Vázquez Valencia, quien vive en la calle primera de la Colonia Libertad, cerca de las vías del tren.
“Vinieron los encargados con sus mapas y nos mostraron cómo es que pasa el viaducto exactamente donde estamos; afecta un área de nuestro terreno (...) Nos dijeron que ellos pagan el tramo que nos cortan (dos metros aproximadamente) al precio que marca la ley”, dijo.
Vázquez Valencia comentó que la obra será benefica para él y sus vecinos tomando en cuenta que actualmente el caos vial en la zona provoca trayectos en su colonia de casi 40 minutos.
“Estoy feliz de la vida porque eso va a subir el valor de mi propiedad y nos va ayudar con el tráfico porque modificamos nuestra manera de vivir. No podemos salir los días viernes por el tráfico”, expresó.
MANIFESTACIÓN DE COLONOS
El pasado miércoles 1 de febrero, alrededor de 50 colonos se manifestaron en el Campamento Base de la Sedena donde se encuentran los ingenieros militares a cargo de la construcción del ahora llamado Viaducto Tijuana.
“Nos estamos manifestando para saber qué es lo que va a pasar, porque nosotros no nos queremos mover del lugar, somos muchas familias afectadas, queremos que el gobierno nos explique”, dijo Jesús García Méndez, uno de los afectados.
Catalino Zavala Márquez, secretario general del Gobierno de Baja California, llegó al lugar para dialogar con los manifestantes y tras sostener una reunión de 30 minutos con diez representantes, hubo un primer acuerdo.
“Se están integrando sus expedientes, se les va a hacer la visita individual, se les va a informar qué tanto hay de afectación o no de acuerdo al derecho de vía del proyecto (...) Los responsables del proyecto del gobierno federal están para hacer toda la información y proporcionarla a las familias”, detalló Zavala Márquez.
Al ser cuestionado sobre la posible expropiación de las propiedades, el funcionario estatal pidió no adelantarse.
“Hay que esperarnos a que se armen los expedientes, revisen, se va a platicar con las familias y vamos a ver qué acuerdos se van construir”, agregó.
A pesar del diálogo, algunos propietarios aseguraron que continuarán buscando la manera de no perder el patrimonio que construyeron durante muchos años y que hoy podría venirse abajo con la construcción del Viaducto Tijuana.
