Benjamín Pacheco/Gato x Liebre

En Baja California existen mecanismos y leyes para castigar a los funcionarios que hacen mal uso de los recursos y del poder, pero lo que debe hacerse es llevarles a juicio, según la candidata a diputada por el Distrito XVI, Anabel Herrera Chávez.

La abanderada del PRD dijo a GatoxLiebre que algunos políticos hacen negocios opacos y prometió que impulsará la transparencia y rendición de cuentas en caso de llegar al Congreso del Estado.

“El punto es no hacer negocios en lo oscurito, no perdonársela [...] Ir hasta las últimas consecuencias, ¿cómo lo vamos a hacer? trabajando con los colegios de abogados”, comentó Herrera.

Pero no es tarea sencilla.

En diciembre pasado, la senadora Alejandra León dio a conocer que presentó una solicitud de juicio político en contra del gobernador del estado, Francisco “Kiko” Vega, por presunto desvío de recursos.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California dice que corresponde al Congreso del Estado valorar la existencia y la gravedad de los actos u omisiones.

Y Armando León Ptacnik, presidente la Federación Baja California Coparmex, opinó que el problema en muchas entidades es el poder que tienen los partidos políticos.

“Tienes un buen diseño de ley y organismos ciudadanos, pero los partidos a través de diputados y el Ejecutivo 'asaltan esos organismos' e incrustan a personas afines a sus intereses políticos”, criticó León Ptacnik.

León, del mismo organismo que promovió la iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción a través del Centro Empresarial Coparmex Mexicali, dijo que este problema sucede en el Congreso cuando alguien es acusado; la bancada de esa persona negocia con otras e “intercambian delitos”.

“Las cuentas de tu presidente municipal las voy a aprobar... siempre y cuando tú deseches el juicio político contra el presidente emanando de mi partido”, ejemplificó.

Y es ahí donde opinó que no funcionan las cosas.

“Hay una contraloría estatal que la pone el gobernador, hay un fiscal 'carnal' que lo pone el gobernador. Al instituto de transparencia se anotaron 24 personas, de las cuales solamente cinco son ciudadanos”, comentó.

“El diseño de la ley es claro, pero los intereses políticos de los partidos dan al traste con todo”, agregó.

Según el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California, los servidores públicos tienen la obligación abstenerse de cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo.

Además, los compromete a desempeñar su cargo sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales.

Si en Juicio Político la sentencia es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución y/o Inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un período de seis meses hasta veinte años.