Tijuana.- La resolución conseguida por el Club Campestre para detener temporalmente el proceso de expropiación generó buen ánimo entre los socios sobre la manera en que las instituciones llevan el caso, de acuerdo con su vocero, Roberto Quijano Sosa.

“Estamos confiados en que la justicia va a prevalecer. Tan es así que el juez está otorgando una suspensión de plano, que llamamos. De plano suspéndase todo. Viene la segunda parte, que es la suspensión definitiva”, comentó.

La suspensión provisional obtenida es para que el juez compruebe si el gobierno estatal inició adecuadamente el proceso de expropiación con la declaratoria de utilidad pública.

Roberto Quijano Sosa explicó que una de las obligaciones de la administración de Jaime Bonilla era consultar al municipio de Tijuana para verificar la viabilidad de su proyecto en los terrenos que pretende adquirir.

“Hay una obligación previa de consultar al municipio. En el caso concreto, al municipio nunca se le cuestionó”, afirmó.

El estado también debió preguntar a los afectados para respetar la garantía de audiencia, y eso tampoco ocurrió, añadió.

“El juez de distrito le está pidiendo informes a las autoridades involucradas (...)basado en lo que vea, el juez va a otorgar la suspensión definitiva o no”, apuntó Quijano Sosa.