Desde temprano, alrededor de las 9:00 horas, algunos habitantes del campamento de migrantes instalado en las afueras de la garita El Chaparral salen de sus casas de campaña para ir a los alrededores en busca de alimentos; un adulto y dos niños caminan en dirección a la tienda más cercana.

Como esta familia, centenares más permanecen desde el mes de febrero en este sitio, que se ha convertido en su hogar como refugiados en espera de que Estados Unidos les permita el ingreso legalmente mediante el asilo.

Juan Carlos García, originario de Guatemala, llegó al campamento hace un mes, después de un mes y medio de recorrer el país hasta esta ciudad con su hija de ocho años de edad. Permanece en el campamento porque considera que esta es la única opción que tienen para ser aceptados por el gobierno norteamericano.

El joven padre huye de Guatemala con su hija por la violencia, amenazas y falta de trabajo, y decidió quedarse en el campamento a pesar de que la información al interior es confusa.

“Unos dicen que sí nos van a ayudar y otros que nos van a desalojar”, comenta.

Como muchos otros migrantes, ha intentado atravesar la frontera sin documentos, lo hizo en dos ocasiones, pero fue detectado y a las horas estaba de regreso en suelo mexicano, por eso permanece en El Chaparral.

“No es que sea sencillo, realmente es la única opción que tenemos”, dice el guatemalteco.

Confirma que entre los demás migrantes permanece la preocupación de un eventual desalojo y que por esa razón no les sea concedido el asilo.

Juan Carlos García consideró egoísta que el gobierno de Estados Unidos les pida no dejar Centroamérica para buscar esta frontera, cuando es una población necesitada que solo desea una mejor vida, un trabajo y seguridad para sus familias, debido a las condiciones sociales que en su país de origen no les permiten vivir.

La alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, ha dicho que se trata de un tema para los tres niveles de gobierno. “Lo hemos manifestado en varias ocasiones, esto es un asunto de seguridad nacional, y nosotros como municipio hemos hecho lo que está en nuestra competencia, la Policía Municipal ha tomado esta competencia de vigilancia, así como de auxilio”, dijo la alcaldesa de la ciudad.

Afirmó que las autoridades de los dos lados de la frontera siguen en pláticas sobre la posible reapertura total, y aunque aún no hay algo concreto, de suceder se deben garantizar los derechos de la población migrante y de los viajeros que pasen por la garita internacional.

Tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como la representación de la Comisión Nacional (CNDH) han visitado el campamento migrante para documentar las condiciones en las que viven sus ocupantes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), el campamento fluctúa entre las mil personas o menos, aunque autoridades municipales estiman aproximadamente mil 400.

En algún momento, el campamento contó hasta dos mil personas, pero algunas han tomado la decisión de acudir a los albergues que ofrece la sociedad civil.

En las primeras semanas del campamento, el municipio registró que alrededor del 40% de la población del campamento son niños o adolescentes.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez mencionó que el tema se trataría en la próxima visita a Baja California del presidente Andrés Manuel López Obrador para verificar la posibilidad de trasladar a los migrantes a un albergue cercano a la garita, ya que la mayoría no está de acuerdo en irse hasta el albergue Carmen Serdán, ubicado en la zona este.

La posible reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos hace también más urgente una solución al campamento migrante