La investigación por supuestos "moches" en el gobierno del estado estará incompleta porque sigue sin ser nombrado el fiscal anticorrupción, de acuerdo con el consejero ciudadano del sistema, Ricardo Zurita.
Aunque la Secretaría de la Honestidad inició un expediente para la sanción administrativa, no hay quién forme otro por la probable comisión de delitos como cohecho o asociación delictuosa, explicó.
"Si no la integra la carpeta, la investigación y las pruebas, el fiscal competente, no se va a poder seguir por esos delitos", afirmó.
El consejero en el sistema estatal anticorrupción dijo que el fiscal debió ser elegido por la anterior legislatura, y ahora esperan que el gobernador Jaime Bonilla presente la terna de aspirantes al nuevo congreso.
“Ya debió haberlo mandado, se ha tardado un poquito esto. Y urge para cubrir esa materia de investigación de los delitos presuntamente cometidos por servidores públicos”, comentó.
Otros delitos que la legislación ahora relaciona con corrupción, y que no pueden ser imputados por ahora en el estado, son el tráfico de influencias y el peculado, añadió.
Respondió que en la actual indagatoria podría alegarse la retroactividad para formular las acusaciones cuando sea nombrado el fiscal, y al mismo tiempo todos los actos serán impugnables.
Actualmente aparecen presuntamente involucrados el ex oficial mayor Jesús Damián Núñez y la ex secretaria del bienestar Cynthia Gissel García Soberanes, quienes ya fueron reemplazados en sus cargos públicos.
Y aunque la semana pasada el gobernador Jaime Bonilla deslindó de alguna responsabilidad al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, el consejero Ricardo Zurita respondió que en este momento no es una obstrucción a la indagatoria.
“De entrada no, porque de todas maneras le corresponde decidir esto a la secretaria de la función pública, o al fiscal anticorrupción en su momento. A los dos”, anotó.
