Tijuana.- La propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez de ampliar el periodo Guillermo Ruíz al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, es inconstitucional y un acto de nepotismo, señaló Rafael Mauricio Cruzmanjarrez García, presidente en Baja California de la Alianza Mexicana de Abogados.
La propuesta violenta la Constitución Política local que determina un periodo de seis años, el mismo lapso que el de gobernador, a excepción del de Bonilla, quien solo fue electo para una administración de dos años, mismo tiempo que debe durar el fiscal en turno, anotó.
Para el abogado la designación de Guillermo Ruíz como fiscal general de la entidad representó un acto de nepotismo, porque es compadre del actual gobernador.
“Evidentemente estamos ante una situación de carácter ilegal, eso encuadra en el delito de nepotismo, porque existe un vínculo de parentesco, aunque no sea sanguíneo, pero sí de compadrazgo, en el que el gobernador es padrino de algún descendiente del fiscal general, hay nexos cercanos”, anotó.
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Al ser la continuidad del fiscal general del estado una propuesta del gobernador, Cruzmanjarrez García consideró que tendrá la aprobación del Congreso del Estado, por estar integrada la actual legislatura con mayoría de Morena, “finalmente son emisarios de Bonilla, con ese antecedente tenlo por seguro que va a ser aprobada”, dijo.
Muestra de la condescendencia de los diputados morenistas, recordó la modificación al tope de edad que debía tener el fiscal general, que de acuerdo a la Constitución no debía ser superior a 65 años, pero gracias a una iniciativa de Bonilla, el Congreso del Estado eliminó ese candado para que Guillermo Ruíz, con más de 70 años de edad, pudiera asumir ese cargo.
El abogado lamentó que en Baja California no se cuenta con contrapeso ni en la legislatura local ni en las instituciones que deberían estar observando y sancionando este tipo de acciones arbitrarias, como es el caso de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHyFP), dependencia a cargo de Vicenta Espinosa, o la Fiscalía Anticorrupción.
Agregó que la SHyFP lejos de ser el ente garante de fincar responsabilidades, durante el actual gobierno no ha hecho nada por sancionar las irregularidades de los funcionarios, por estar la titular de la dependencia subordinada al gobernador Bonilla.
Mientras que, a la Fiscalía Anticorrupción, el actual gobierno no le ha permitido funcionar, acotó.
