Tras la publicación de un acuerdo mediante el que se ordena la suspensión de la recepción de amparos para la vacunación de menores en nuestro país, abogados y especialistas en materia de derecho se sumaron al llamado general para echar atrás esta resolución, la cual consideran inconstitucional.
El documento, publicado el 11 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y suscrito por el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, ordena a las áreas administrativas de la dependencia frenar la recepción de promociones, demandas, juicios de amparo, emplazamientos o cualquier tipo de notificación.
Una decisión cuya justificación obedece al aparente incremento de casos confirmados de Covid-19 entre el personal de Salud, pero que se da en medio del auge de amparos y solicitudes de vacunación promovidos por la población menor de 18 años.
“Obviamente esto lleva una dedicación muy clara para los amparos que se han estado presentando en cuanto a la vacunación de menores”, comenta Leonardo Abarca Jiménez, presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) capítulo Baja California.
Para el legista, la decisión de la Secretaría de Salud resulta tan preocupante como contradictorio, ya que por un lado, choca con el discurso de que la pandemia va a la baja, mientras que por el otro se puede interpretar como una obstrucción en cuanto al derecho constitucional de acceso a la justicia.
“Lo hemos comentado varios colegas y nos llama mucho la atención este tipo de acuerdos que son evidentemente ilegales. Nuestra Constitución, en el artículo 17, establece que todos tenemos un derecho y acceso a la justicia. En tanto nuestro país tiene suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el artículo 25, que indica que el Gobierno Mexicano debe garantizar la efectividad de todos los recursos legales”, detalla.
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Alternativas legales
Para enfrentar el acuerdo publicado este lunes en el DOF, la BMA capítulo Baja California vislumbra tres escenarios claros para resolver el conflicto: el primero de ellos en manos de los jueces de nuestro país, que cuentan con la facultad de inaplicar las disposiciones que contravenga el bloque constitucional.
Otro camino es la reestructuración del Plan Nacional de Vacunación para que incluya a los menores de edad, teniendo como precedente la suspensión provisional dictada por la jueza Claudia Gámez Galindo del Juzgado Séptimo en Naucalpan dentro del expediente 1001/21, dicha juzgadora determinó que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho humano a la salud.
“A reserva de que se modifique el Plan Nacional de Vacunación, nosotros vamos a seguir presentando demandas. Nosotros vamos a atacar (en el mismo amparo mediante el cual se solicite la vacunación del menor) la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, y por ende la inaplicación del acuerdo publicado”, anticipa Abarca Jiménez.
Para el especialista resulta importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie lo antes posible sobre el tema, pero también comenta que poco a poco se van sumando criterios legales a favor de las niñas, niños y jóvenes de México que solicitan ser vacunados contra el SARS-Cov-2.
“Va a ser muy interesante ver cómo se resuelve, cómo se acata la disposición o si la impugnan. Hemos estado presentado amparos a nivel nacional y sigue prevaleciendo el criterio de que al vacunar al menor se está alterando el orden público, lo cual consideramos no es así”.
