En los últimos meses, se han detectado al menos tres casos de abuso sexual en menores de edad migrantes, quienes se encuentran en distintos refugios, entre ellos el de El Chaparral, expuso la asesora jurídica del Instituto Estatal de la Mujer en Tijuana (Inmujer) Lizeth Landeros.

En su ponencia, expuso que falta atención por parte de las instituciones públicas y de la sociedad misma para atender a las mujeres que son vulneradas, tanto en su trayectoria a Tijuana, como durante su estancia en esta ciudad, en espera de obtener asilo en Estados Unidos.

En el caso particular de las mujeres que viven en El Chaparral, expuso que son víctimas de diferentes tipos de abuso, incluida violencia sexual.

“Sí hay casos de violación a mujeres, incluidas niñas”, reveló.

Dijo que en los últimos meses se registró un aumento en el abuso sexual contra niñas, teniendo registradas Inmujer tres casos, los cuales, aclaró, no todos corresponden a hechos registrados en el campamento de El Chaparral.

“Como instituciones públicas debemos voltear los ojos para proteger a este sector de niñas”, añadió, al tiempo que recomendó cerrar el círculo de violencia que viven en el país.

A nivel local, anotó, Inmujer busca llevarlas a un refugio seguro, canalizarlas a albergues de atención a mujeres víctimas de la violencia, “pero nos vemos impedidas porque son núcleos muy grandes, van acompañadas de hombres, no podemos separarlas si no quieren, porque tienen derecho a conservarse en el núcleo familiar”.

Sin embargo, aseguró que los casos detectados se les apoya sicológicamente con terapia semanal por tres meses y, de ser necesario, se amplía el periodo de terapia.

Al presentar las conclusiones de las mesas de trabajo Por la eliminación de la violencia de género contra las mujeres, Julia Elena Muñoz Landeros, directora de Inmujer detalló que se analizaron temas de mujeres en contexto de movilidad, adultas mayores, con discapacidad mental, comunidad LGTB, y privadas de su libertad.

Uno de los principales hallazgos de ese análisis fue descubrir “que la problemática general es la falta de coordinación del esfuerzo interinstitucional.

Muñoz Landeros subrayó que los resultados se entregarán a las nuevas administraciones, para que enfoquen sus esfuerzos en el fortalecimiento de las instituciones públicas, acompañadas de las asociaciones civiles que apoyan a estos sectores de la población, en aras de eliminar la violencia que las mujeres están viviendo.

Subrayó que el caso de las mujeres privadas de su libertad requiere de una atención particular, toda vez que se trata del sector de mujeres menos atendido y la violencia que enfrentan es menos más invisibilizada.