Tijuana.- La rectificación de género era una lucha que enfrentaba la comunidad trans en Baja California. Finalmente, luego de varios intentos, iniciativas y propuestas ante congresos, en febrero de 2022, el Poder Legislativo estatal aprobó una modificación al Código Civil del estado por medio de la cual se permite el cambio de identidad de género y la expedición de nuevas actas de nacimiento.
Sin embargo, en aquella modificación se excluyó a los menores de 18 años, por lo que a partir de aquel momento inició una lucha de dos años por parte de organizaciones civiles, que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que se concretó el pasado 2 de febrero, cuando en Periódico Oficial del Estado se publicó la resolución del máximo tribunal constitucional, que ordena al Congreso de Baja California a realizar las modificaciones necesarias al Código Civil estatal, para reconocer las infancias trans.
“El requisito de edad previsto en la norma impugnada no encuentra conexión directa con la finalidad constitucionalmente imperiosa, pues las y los menores de edad trans quedaban excluidos de que se salvaguardaran adecuadamente sus derechos”, según la resolución de la SCJN.
UN LARGO CAMINO
Fue el 11 de marzo de 2022 cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC) interpuso demanda de Acción de Inconstitucionalidad en la que se reclamaba la invalidez del artículo 134 Bis del Código Civil para el estado de Baja California.
De acuerdo a Teresita Díaz Estrada, representante del departamento de incidencia política de Comunidad Cultural Tijuana LGBTI AC (Cocut), al no permitir que los menores de 18 años tuvieran derecho a la rectificación de género, se violaban los derechos humanos de un grupo vulnerable, que no tenía derecho a estar registrado con el género con el que se identificaban.
“Lo que hizo el Congreso local fue romperle todo este tipo de protección a los menores de edad, violando lo que son sus derechos, el libre desarrollo de la personalidad, así como lo que es el interés superior del menor”, expresó.
Según la activista, con la resolución de la SCJN y su publicación en el Periódico Oficial, las autoridades locales deberán respetar la voluntad de los menores y sus padres.
“Eso significa que si existe una persona o una infancia que está pidiendo su rectificación de nombre y género, el Registro Civil tiene que respetar la ley y aplicar el mecanismo de la convencionalidad y la cuestión legal, le tienen que hacer su rectificación a un menor, a quién sea, así cómo se autoperciba, se tiene que hacer”, comentó.
Cuestionada sobre la negativa de grupos conservadores y defensores de la familia que se oponen a esta iniciativa, la representante del departamento de incidencia política de Cocut, insistió en que lo que se busca es proteger los derechos humanos de los menores.
“Lo único que se ha acabado es el derecho de ellos, el privilegio a discriminar a un sector que es un grupo vulnerable y prioritario. Se les acabó el tiempo de estar pisoteando, de estar matando a la comunidad, de estar sobajando a la comunidad y humillando a la comunidad, ya se acabó ese tiempo.
Ahorita lo único que les queda es respetar la identidad de todas las personas, porque al final del día ellos ni son niños y la gran mayoría de ellos lo que hacen es terapias de conversión”, manifestó.
“ATENTAN CONTRA LA INOCENCIA DE LOS NIÑOS”
El representante del Consejo Mexicano de la Familia en Baja California, Guillermo Montaño García, desde hace más de 10 años se han venido malinterpretando derechos humanos, a partir de reformas que han venido a afectar a las familias y en este caso a los menores.
“Seguimos con un diagnóstico negativo y preocupante sobre todo ahora están atentando contra la inocencia de los niños con este criterio que saca la Suprema Corte, que lo basa en otro criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Atentan en contra de la integridad de los niños, porque cómo es posible que un niño menor de edad pueda cambiar su acta de nacimiento sin consentimiento de los padres. Seguimos llenando de derechos a los niños ¿pero la responsabilidad dónde queda?”, cuestionó.
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Montaño García, aceptó que a partir de los 18 años una persona pueda hacer los ajustes que desee, no obstante, insistió en que los menores no gocen de ese derecho, ya que consideró, no están preparados.
“Un niño de 10 a 11 años, difícilmente sabe qué decisiones tomar, sobre todo en su vida. Esto es tan delicado que no es más que una deconstrucción cultural. Su principal objetivo es trastocar la identidad de los niños, ellos no saben ni siquiera lo que quieren ser, hay una gran confusión”, aseveró.
Por último, el representante del Consejo Mexicano de la Familia en Baja California, aseguró que este tipo de iniciativas forma parte de una crisis que vive el núcleo familiar de la sociedad.
“Hay una falta de tiempo para que los padres atiendan a los hijos y pareciera que quien está educando a los niños es la televisión, redes sociales, porque los padres tienen que salir a trabajar”, concluyó.
