Tijuana.-Tras la separación de sus funciones de los dos agentes adscritos a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Baja California, esta dependencia aún desconoce detalles de la investigación de parte de la Fiscalía General de la República.
Según el delegado en Baja California del INM, David Pérez Tejada, no tiene información adicional de la investigación, por lo que no pudo confirmar que en el domicilio cateado haya habido dinero en efectivo, armas o libretas con datos de tarifas de cobro a migrantes.
“La investigación sigue su curso y la propia Fiscalía debe determinar lo que encuentre. Se han manejado tantas versiones, no sabemos ni qué delitos se investigan, no tenemos acceso a la carpeta de investigación”, comentó.
Descartó que se esté realizando una investigación interna sobre este asunto, además de que dijo que no se ha detectado que haya más personal del INM involucrado en los presuntos actos de corrupción por el que se les despidió a los dos elementos.
“Las investigaciones internas se realizan cuando hay acto, denuncia, sospecha y los que están siendo investigados están afuera”, agregó.
Mencionó que los dos presuntos implicados son pareja, rechazando que uno haya estado a cargo de la Estación Migratoria o que la mujer haya sido su secretaria particular.
“Ella se maneja que era mi secretaria particular, pero ella era oficial de protección a la infancia, realizaba labores administrativas, estaba adscrita a la oficina de representación, apoyaba en contestación de oficios. Él desempeñaba funciones de encargado de turno vespertino de la garita de El Chaparral”, apuntó.
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Comentó que ambos estaban bajo incapacidad médica y no se presentaron a trabajar tras el cateo realizado a sus hogares.
Pérez Tejada precisó que en promedio dan de baja a dos elementos cada mes, por incurrir en presuntos actos de corrupción o no aprobar los exámenes de control de confianza.
Reconoció que existe corrupción en la dependencia, sin embargo, recalcó que se requieren de pruebas para dar de baja a agentes involucrados en hechos irregulares.
“Hay personas que se han ido que ya eran un cáncer y ahora se ha hecho un buen ambiente de trabajo. Hemos hecho limpia de muchas de las áreas, pero con 250 empleados, es difícil controlar las funciones de cada uno”, concluyó.