Crisstian Villicaña

Tijuana.- Encontrarse recluida dentro de una penitenciaria es complicado, lo cual es una situación que se agravia cuando las internas no reciben asesoría jurídica o sus abogados han dejado el caso en el olvido; esta problemática da lugar a que muchas mujeres permanezcan encerradas pudiendo estar en libertad.

El abogado Emmanuel Farías indica que, por ley, las personas que llevan a cabo un proceso penal tienen derecho a un litigante público; sin embargo, el elevado número de expedientes que estos manejan vuelve complicado atender todos los casos.

"En las oficinas de la defensoría pública concentran poco más del 70% de los casos que se ventilan en los juzgados diariamente; el resto ya se los llevan la defensa particular. Entonces, en ese sentido puede llegar un defensor público a tener una suma grande de expedientes que estén siendo atendidos por su parte y de ahí que no se pueda llegar a dar una atención personalizada", apuntó el abogado.

Además, Emmanuel Farías agregó que es un derecho fundamental en el área penal contar con la defensa técnica de un abogado, razón por la cual no importa si el imputado no tiene recurso para contratar a un representante legal, el estado le debe proveer uno público.

"En una opinión muy personal. Parece que hay una especie de matrimonio de la defensoría pública con el poder judicial, porque básicamente digamos que juegan en el mismo equipo; entonces, hay una tendencia de los defensores de no buscar o sentencias absolutorias o la modificación de una medida cautelar que no sea privativa de la libertad en defensa de los derechos de las personas que están siendo procesadas", subrayó.

Ante esta situación, el abogado recomienda a las internas que sientan que no están recibiendo la atención jurídica adecuada que se comuniquen con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) para solicitar la revisión de su situación penal.