Tijuana.- José Pérez acaba de finalizar el registro de su auto ante el Instituto de Identificación Vehicular y Combate a la Contaminación (Invec). En el módulo ubicado en el Centro de Gobierno Imos, el hombre de la tercera edad anotó su vehículo 1997 con placas americanas luego de pagar mil pesos.
Dice que es la primera vez que compra un auto “chocolate”. Toda su vida había adquirido unidades nacionales, pero tras el anuncio de la regularización y la posibilidad de que las autoridades no le quiten su carro, optó por un vehículo de procedencia extranjera, que era mucho más económico que uno importado.
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“Para que sepan que es mío. Tengo poco que lo compré, y ya ve que nada más lo roban y no sabe uno. No me alcanzó para uno nacional, están caros por la importación y todo. Vi esta alternativa y la tomé”, expresó.
José también dijo que está de acuerdo en pagar mil pesos a cambio del registro.
“Sí, porque ya no te molestan y ya andas seguro todo el año de que no te van a molestar”, respondió.
Él es una de las poco más de 77 mil personas que han registrado su auto en el Invec, uno de los proyectos más promocionados de la pasada administración estatal, que a poco más de un año de su creación, tiene los días contados, al menos tal como lo conocemos ahora.
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SE EXTINGUE
Al solicitar entrevista con la persona al frente del Invec lo primero que llamó la atención fue que no existe tal responsable.
¿La razón? Esta dependencia será absorbida por el Instituto de Movilidad Sustentable (Imos).
Fue precisamente el director del Imos, Jorge Gutiérrez Topete, quien habló sobre el futuro del Instituto de Identificación Vehicular y Combate a la Contaminación, así como el del censo de autos “chocolate” que inició la pasada administración.
“Estamos en proceso de extinción del instituto, y estamos haciendo la fusión de los dos institutos (Imos e Invec). Al final también manejamos registro vehicular. Hacemos mucho de lo mismo y vamos a tratar de ser más eficientes con la operación del gobierno”, dijo.
“Encontramos un área de oportunidad de integrarnos y no tener dos áreas separadas, cuando podemos tener economía de escala y mejor atención”, añadió.
El funcionario estatal indicó que en la actualidad el Invec cuenta con una plantilla de 115 empleados en todo el estado, contando con la visión de hacer uso de la tecnología para agilizar el trámite de registro, aunque no especificó de qué manera sería utilizada.
“Vamos a replantear muchos de los mecanismos establecidos. Las funciones del Invec siguen dentro del Imos, como una dirección”, apuntó.
¿Y PARA QUÉ HA SERVIDO EL INVEC?
Al 10 de noviembre pasado (últimos datos oficiales), el censo de autos “chocolate” contabilizaba 77 mil 400 registros.
Aunque esta cifra, según reconoció Gutiérrez Topete, ya rebasaría los 80 mil al día de esta publicación porque suman un promedio de 800 vehículos diariamente.
Esos 80 mil vehículos anotados representarían para las arcas estatales 80 millones de pesos. ¿A dónde se fue ese dinero?
“El recurso va directo a tesorería”, respondió el titular del Imos, quien desconoce el uso que se le haya dado.
Al Instituto de Identificación Vehicular y Combate a la Contaminación del estado le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de Baja California, para el ejercicio fiscal 2021, un monto de 64 millones 890 mil 811 pesos.
Un ejemplo de la manera en qué se han ejercido este presupuesto, son los gastos en las supervisiones de trabajo, del anterior titular del Invec, Jorge Hernández Castillo.
En la Plataforma Nacional de Transparencia, se detalla que tan solo por el concepto de viáticos, en viajes de Tijuana a Mexicali, entre el periodo del 12 de abril al 30 de junio de 2021, se gastaron 34 mil pesos. Muchos de los montos justificados, corresponden a reposiciones de caja chica, como una del 11 de mayo anterior, por cinco mil 980 pesos.
Del gasto en sueldos, un ejemplo es la remuneración que obtiene un analista especializado del Invec, adscrito a la Dirección de Identidad de Vehicular, que cuenta con una remuneración mensual bruta por 25 mil 317 pesos.
¿QUÉ PASARÁ CON EL CENSO TRAS EL ANUNCIO DE LA REGULARIZACIÓN?
El 16 de octubre pasado durante su visita a Baja California, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera. Tendría un costo de dos mil 500 pesos y el recurso sería utilizado para bachear los municipios fronterizos.
El 18 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para regularizar los autos “chocolate” en los estados del norte de México, pero sin lineamientos ni criterios para su implementación, solo firmado por el jefe del Ejecutivo Federal.
“Se instruye a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro del ámbito de sus competencias, a elaborar un Programa que incentive a las personas físicas que residen en la región fronteriza norte, que comprende los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y en el estado de Baja California Sur, para llevar a cabo la regularización de los vehículos automotores usados, de procedencia extranjera, que se encuentren en dichos estados, con base en el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados vigente”, se lee en artículo 1 del decreto.
A más de un mes de esa publicación no hay reglas claras sobre el proceso de regularización, incluso por parte de la misma autoridad estatal, que formaría parte de este proceso.
Jorge Gutiérrez Topete mencionó que esperan la publicación de esa reglas, aunque descartó que los mil pesos que han desembolsado las más de 80 mil personas que se han anotado en el censo hayan sido pagados en vano.
Sin embargo, aún desconoce también si deberán pagar los mil 500 pesos que existen de diferencia entre lo que cuesta el registro en el censo y lo que plantea el gobierno federal para la regularización.
“Será parte del convenio que hagamos con la federación, no te puedo decir cuál va a ser el resultado de esa negociación, pero obviamente vamos a tratar de que sea lo mejor para los ciudadanos”, respondió.
Solo dijo que el censo ha servido para que el estado adelante parte del trabajo en comparación con otras entidades de la República que también esperan las instrucciones para la regularización de vehículos, y sería la misma situación para la ciudadanía.
“Van a estar adelantaditos en el tema cuando hagamos la coordinación con las reglas federales. Esos van a ser los primeros en completar la regularización porque ya están identificados y sirve de algo el registro”, afirmó.
LOS AFECTADOS POR LA REGULARIZACIÓN
La venta de autos importados ha sido parte de la economía fronteriza dada la facilidad que ha existido en la región de traer vehículos desde el vecino país.
Desde el censo de autos “chocolate” y ahora con el anuncio de la regularización, esta actividad se ve amenazada, plantea Fernando Parra Carrillo, presidente del Grupo Especializado de Autos de la Cámara de Comercio de Tijuana (Canaco).
“Es la mentalidad del gobierno que no se fija en lo que está haciendo. Tiene desde que empezó el gobierno de Bonilla y la gente se dejó venir a pasar vehículos ilegales como contrabando de Estados Unidos. No ha habido nada y hasta ahorita no se han puesto de acuerdo el SAT, Secretaría de Economía y Seguridad. La gente sigue pasando vehículos y no sabemos si va a haber regularización o cómo va a ser. No debería hacer esto porque hace mal a la gente y a nosotros”, expresó.
El representante de los vendedores de autos usados lamentó que, por el contrario, el gobierno federal no haya flexibilizado los requisitos de importación de vehículos, antes de pretender regularizar las unidades que ingresaron al país de manera ilegal.
“Es contrabando y no pagaron impuesto. Se los puede quitar el SAT en cualquier momento. El gobierno quiere premiar a las personas que traen vehículos ilegales, que no han cumplido con el reglamento”, aseveró.
Sin embargo, mientras no sean publicadas las reglas del decreto, seguirán las especulaciones y la incertidumbre tanto de los propietarios de autos “chocolate” como de las autoridades y los comerciantes que temen afectaciones, en un mercado ya deprimido por las bajas ventas derivado de la pandemia de Covid-19, así como el aumento del costo de los autos usados en Estados Unidos, en hasta 40%, según cifras de la Cámara de Comercio de Tijuana.
