Tijuana.- Con auditorías, en 2020 Sindicatura inició una investigación en la dirección de Bomberos, detectando desvío de recursos y lucro de la capacitación que realizan algunos elementos de esta institución.
A través de la dirección de Contraloría, a cargo de Jorge Tito Escobedo Roble, la Sindicatura Procuradora detectó que varios miembros de la dirección de Bomberos prestan sus servicios a empresas del sector privado con fines de lucro.
Lo hacen como empresarios, dando cursos de capacitación para la formación de brigadas, adiestramiento en evacuación, incendios y primeros auxilios, o elaborando el Plan Interno de Protección Civil, aun cuando la ley y reglamento de Protección civil se los prohíbe, incurriendo en faltas administrativas graves y conflicto de interés.
En estas irregularidades han incurrido bomberos en activo, incluidos elementos que han estado al frente de la dirección de Bomberos de Tijuana, por lo que la fiscalía municipal, mantiene abiertas varias indagatorias que involucran a: Pitber Training de Pedro Perfecto; MI Formación de Brigadas, de José Luis Jiménez; JMM Capacitación de José Luis Machain; además de la Asociación pro bomberos de Tijuana A.C., presidida por Xavier Peniche.
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BOMBEROS EMPRESARIOS
La compañía Pitber Training, propiedad de Pedro Perfecto Lugo fue detectada promocionando en redes sociales la impartición de cursos para empleados de Cetys Universidad.
Incluso la capacitación de Pitber Training se promociona en la página digital de la asociación civil Pro Bomberos de Tijuana, a cargo de Xavier Peniche, organismo a través de la cual se recauda donaciones para la dirección de Bomberos.
Antes del periodo de pandemia por coronavirus, las instalaciones del Centro de capacitación de Bomberos de Tijuana, ubicado en el fraccionamiento El Refugio, era utilizado por estos empresarios para llevar adiestramiento a particulares con fines de lucro.
No solo eso, Pitberg Training cuenta con instructores registrados en Protección Civil, pero que son miembros en activo de la dirección de Bomberos de Tijuana, por lo que caen en conflicto de interés, tal es el caso de Bernardo Villegas Ramírez.
De acuerdo al artículo 90 del Reglamento de Protección Civil, “todos aquellos que obtengan su registro como agente consultor capacitador gubernamental, deberán realizar todas sus actividades a las que el registro les faculta, sin fines de lucro y siempre bajo la instrucción y/o consentimiento del titular de la dependencia o unidad administrativa en donde este labore”.
No obstante, el capitán Pedro Perfecto consideró que este artículo no aplica para él o sus compañeros que hayan obtenido la licencia como agentes consultores antes de que se diera esta prohibición.
“Eso se sacó nuevamente, pero eso no estaba estipulado, lo hicieron después de que nosotros tuviéramos nuestros registros”.
En 2019 se publicó un nuevo reglamento para la Ley de Protección Civil recién reformada, la cual, en su artículo 89 se expuso que “a fin de evitar conflicto de intereses”, no podrían obtener su registro de agente consultor capacitador privado y agente consultor con especialidad quienes laboren en dependencias de los tres niveles de la administración pública.
La ordenanza precisa que quienes tengan intervención en la revisión, condicionamiento y/o aprobación de los programas internos, no podrán llevar a cabo este tipo de capacitación en forma privada.
Por lo que Pedro Perfecto consideró que el reglamento no aplica para los bomberos empresarios, toda vez que “no tenemos injerencia en la verificación e inspección de los lugares”, dijo.
Sin embargo, el mismo apartado del reglamento establece que tampoco pueden ser consultores capacitadores los empleados de gobierno que laboren en la aplicación de “medidas de seguridad y procedimientos de emergencia o planes de contingencia de cualquier tipo”.
Tampoco puede realizar esa actividad empresarial quienes tengan parentesco consanguíneo en línea recta ascendente, descendente y colateral, así como por afinidad con empleados que encuadren en cualquiera de estos supuestos.
Al respecto, Pedro Perfecto anotó que, en administraciones anteriores Sindicatura les autorizó realizar esa actividad, dentro las 48 horas que se encuentran fuera de servicio, siempre y cuando no se utilizara el equipo o uniforme de Bomberos ni nada que representara a la institución.
Agregó que a través de las empresas propiedad de bomberos en activo, se realizan cursos a cambio de donativos para la dirección de Bomberos.
“De estas empresas, no todas, se ha recibido mucho beneficio para bomberos, se ha logrado sacar ciertos donativos”, asentó.
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SÍ EXISTE CONFLICTO DE INTERESES: PROTECCIÓN CIVIL
Para el director de Protección Civil en Baja California, José Salvador Cervantes Hernández, la ley es muy clara, ningún funcionario que esté relacionado con la aprobación de las medidas de seguridad o de los programas internos de Protección Civil, puede ser consultor.
“Es por un término que se llama conflicto de intereses, si una persona está relacionada con la capacitación y tiene algún interés particular a través de alguna empresa, pues eso se llama conflicto de intereses porque se puede promover a favor de la misma empresa -que está siendo asesorada- la aprobación rápida”, dijo.
Dijo que la restricción afecta a todas las áreas de gobierno, no solo de Bomberos o funcionarios de Protección Civil de los municipios y del estado.
Indicó que, para evitar ese conflicto, se tuvo que especificar en la ley y reglamento de Protección Civil la prohibición de licencias de agentes consultores a servidores públicos, lo que ha derivado en denuncias de funcionarios que caen en este considerando, a quienes se les ha negado el registro.
“Han hecho su denuncia ante Derechos Humanos y Contraloría y esto no ha prosperado precisamente porque lo que hemos hecho es cumplir con la Ley”.
Cervantes Hernández dijo que, para frenar esa práctica irregular, se prepara una nueva reforma a la Ley de Protección Civil, para aplicar sanciones más severas.
Con un 95% de avance, consideró que la nueva modificación podría estarse enviando en un mes a más tardar a revisión jurídica de la Secretaría General de Gobierno y Función Pública, para que pueda turnarse al pleno del Congreso del estado y alcance ser aprobada por la actual legislatura.
COMPETENCIA DESLEAL
Al ser la dirección de Bomberos una de las instancias que certifica las medidas de seguridad a las empresas, sí existe conflicto de intereses en el hecho de que sus elementos cobren por la capacitación que ellos mismo promocionan en la iniciativa privada.
Así lo señaló Ana Lilia Ochoa, empresaria consultora, la cual encabeza una asociación de capacitadores privados, “la ley es muy clara que no pueden participar, porque ellos son los que nos certifican”, dijo.
Agregó que lo más grave de que los bomberos o elementos de Protección Civil cuenten con empresas capacitadoras, es el hecho de que abaratan los costos de las capacitaciones, toda vez que no hay parámetro que los obligue a un cobro igual, con lo que logran abaratar el mercado.
La elaboración del Plan interno de protección civil tiene un costo mínimo de 30 mil pesos, mientras que el cobro mínimo de una capacitación es de tres mil a siete mil pesos, “y ellos lo ofrecen en dos mil 500 para acaparar el mercado, por eso representan una competencia desleal”, subrayó.
Consideró que las autoridades competentes, como de la Función Pública o Sindicatura Procuradora deberían estar actuando al respecto, toda vez que no hay una regulación al respecto.
