Tijuana.-El proceso legal contra ex funcionarios de la pasada administración estatal y un particular por el proyecto de la planta fotovoltaica, es solamente un asunto jurídico, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Mencionó que de manera personal conoce a los ex funcionarios que este martes fueron vinculados a proceso por los delitos peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.
“Se tomaron las medidas de manera imparcial, tratándose de quien se tratara”, señaló la gobernadora.
Recordó que se comprometieron recursos federales para garantizar un proyecto que “no obtuvo los permisos federales” porque autorizarlo era ajeno al orden estatal.
“No podemos permitir un quebranto financiero en un proyecto que no iba a realizarse”, refirió Marina del Pilar Ávila Olmeda
Los funcionarios vinculados a proceso son Salomón “N”, ex titular de la Secretaría para el Manejo y Saneamiento del Agua (Seproa), Karen “N”, ex titular de Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Rodolfo “N” y Adalberto “N”, ambos ex secretarios de Hacienda, así como Marco Octavio “N” e Israel “N”, ex titulares de Oficialía Mayor. Además, el representante legal de la empresa Next Energy, Julio “N”.
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Ávila afirmó que su gobierno solo está tratando de “cerrar un tema” que se presentó en la administración pasada.
El pasado 17 de marzo, el gobierno de Ávila Olmeda exigió al Banco Afirme la devolución de 123 millones de pesos de aportaciones federales que le fueron retenidos como parte del contrato para la instalación de la planta fotovoltaica, y consiguió que el banco no cobrará ese dinero cada mes como estaba programado.
Next Energy, además, canceló el contrato para ejecutar la planta fotovoltaica que había ganado en licitación pública lanzada por el gobierno de Jaime Bonilla.
Hace un mes, la Secretaría de Hacienda interpuso una denuncia penal y civil contra el banco porque el recurso no ha sido devuelto al estado.
