Daniel Ángel Rubio
Tijuana.- Las acusaciones de tortura en el anterior pasaje de violencia en Baja California sólo han dejado algunos responsables y muchos permanecen en la impunidad, de acuerdo con organismos de derechos humanos.
Raúl Ramírez Bahena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), dijo que entre 2008 y 2014 documentaron 30 casos con 110 víctimas de tortura.
Las autoridades señaladas van desde corporaciones policíacas hasta fuerzas armadas, pero sólo algunos uniformados y servidores públicos han enfrentado su responsabilidad, indicó.
"No sabemos qué pasa con los militares que fueron señalados, porque ese es un tema un poco oscuro, donde la procuración de justicia no ha llegado", mencionó.
Uno de los casos que sigue en curso, refirió, es el del teniente coronel Julián Leyzaola, precandidato a alcalde de Tijuana que combate una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante 8 años.
El caso se está desahogando en los fueros federal y común, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional, agregó.
Ramírez Bahena respondió que no se pronunciará por este asunto hasta que todas las pruebas se han desahogadas, aunque los procesos han sido lentos.
"Lo que estamos viendo es que efectivamente hay una gran impunidad, y esta tardanza en la procuración de justicia por supuesto que lesiona a las víctimas", anotó.
El director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste habló sobre este durante el Encuentro Desarrollo de Capacidades para la Prevención de la Tortura en el Noroeste.
