Tijuana.- La Fiscalía General de Baja California tiene un plazo de 10 días hábiles para responder la solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en torno a la protección otorgada a la odontóloga María Fernanda Hernández Viera, quien fue asesinada con disparos de arma de fuego en su consultorio, presuntamente por su expareja el pasado 11 de agosto, así lo indicó Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la CEDH.
“Aperturamos el expediente de oficio, solicitamos el informe de la fiscalía, tienen 10 días hábiles para contestar y estamos en ese proceso para buscar la información que hay, lo que observamos es justamente lo que hemos venido señalando que motivó la solicitud de la alerta de género, que es la primera denuncia y las medidas de protección que tienen que proveer las autoridades cuando una mujer se haya manifestado”, apuntó.
Mora Marrufo señaló que se abrió una investigación de oficio derivado que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece como obligatoria de los tres órdenes de gobierno un derecho de las víctimas de tener protección ante casos de violencia que pongan en riesgo la integridad de las víctimas.
Señaló que será todo un reto tener un aparato para garantizar que las mujeres estén libres de violencia, otorgarles protección para evitar desenlaces fatales de feminicidios.
“Ese es el reto, que no han funcionado como deben de funcionar, por eso el detalle fino de las actuaciones de las autoridades tiene que ver que en la primera manifestación de que una mujer está siendo víctima de la violencia, el aparato que se tiene que echar a andar, no solo las fiscalías, sino los policías municipales y el seguimiento psicológico y psiquiátrico que tienen que tener esas víctimas para evitar que en su momento una violencia o agresión física, verbal, escale a una violencia feminicida”, agregó.
Dijo que tras la entrega de información determinarán la actuación de las autoridades.
“Supimos a través de los medios y familiares que ella sí había hecho un acercamiento a la autoridad correspondiente y ya había un llamado y una responsabilidad que tiene la autoridad para echar a andar todos los mecanismos de justicia para ella”, concluyó.
