/ viernes 24 de julio de 2020

La comisión de gobernación vota de nueva cuenta a favor del dictamen sobre matrimonios igualitarios

Con 5 votos a favor y uno en contra del diputado Gerardo López, del Partido de la Revolución Democrática

Mexicali.- Después de analizar nuevamente el dictamen votado en la sesión ordinaria del pasado 15 julio sobre los denominados matrimonios igualitarios, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc) de la XXIII Legislatura local, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó por segunda vez el referido documento con una votación de 5 votos a favor y uno en contra del legislador Gerardo López Montes, del Partido de la Revolución Democrática.

Como es de conocimiento público, en dicha sesión del Pleno esta iniciativa que deroga el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución de Baja California y modifica diversas disposiciones del Código Civil Estatal., cuyos inicialistas son el diputado con licencia Catalino Zavala Márquez y la legisladora Miriam Elizabeth Cano Núñez, fue votada con 15 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, pero que no fue suficiente porque requería, por lo menos, 17 sufragios ya que era una reforma constitucional.

Por lo anterior esta propuesta legislativa, que permite dar certeza jurídica a las parejas homoparentales que desean casarse para vivir en común y hacer valer sus derechos ante la ley, fue regresada a la Comisión de Gobernación para un mayor análisis, lo cual fue avalado por la misma Asamblea por estar sustentado en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En el análisis nuevo leído este día por el director de Consultoría Legislativa del Congreso, Francisco Javier Tenorio Andújar, se menciona que la propuesta legislativa es “jurídicamente procedente, y esto es así tomando en consideración que las condiciones jurídicas que motivaron y sustentaron la procedencia jurídica del dictamen 48, no han variado al día de hoy. Es decir, subsiste la necesidad de adecuar el marco jurídico de Baja California conforme a los principios de igualdad y no discriminación, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

En torno a la crítica sobre que la iniciativa no ha sido debidamente socializada, el presidente de la Comisión de Gobernación señaló que “si algún diputado o diputada sigue manifestando que no se socializó el tema, es como reconocer que no ha vuelto con su electorado, que no le ha preguntado a sus votantes, que no ha consultado con su partido, porque todo juega; además de que no ha estado al pendiente de los medios de comunicación o medios de prensa, o que no ha seguido la plataforma de nuestro propio Poder Legislativo, que contiene el documento y sesiones de nuestras comisiones”.

Asimismo, Molina García volvió a destacar que ya existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a todos los congresos del país a modificar las constituciones locales para permitir las uniones en matrimonio homoparentales.

En ese tenor habló también el secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos presente en la sesión, Jorge Ochoa, quien dio a conocer una opinión técnica sobre el tema, mediante la cual informó que en la Carta Magna de México y en diversos tratados internacionales a los cuales está suscrito el país, se encuentra establecida la prohibición de toda discriminación por razón de preferencias sexuales, etcétera.

En la sesión virtual estuvieron presentes las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación Juan Manuel Molina García, presidente; Rosina del Villar Casas, secretaria, y los vocales Gerardo López Montes, Julio César Vázquez Castillo, Julia Andrea González Quiroz y Eva Gricelda Rodríguez.

Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputada Montserrat Caballero Ramírez y las legisladoras Miriam Elizabeth Cano Núñez, Carmen Leticia Hernández Carmona y Eva María Vázquez Hernández, así como del secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Ochoa, el director de Consultoría Legislativa del Congreso, Francisco Javier Tenorio Andújar y el representante del Poder Ejecutivo, Julio Felipe García Muñoz.

Mexicali.- Después de analizar nuevamente el dictamen votado en la sesión ordinaria del pasado 15 julio sobre los denominados matrimonios igualitarios, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc) de la XXIII Legislatura local, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó por segunda vez el referido documento con una votación de 5 votos a favor y uno en contra del legislador Gerardo López Montes, del Partido de la Revolución Democrática.

Como es de conocimiento público, en dicha sesión del Pleno esta iniciativa que deroga el segundo párrafo del artículo 7 de la Constitución de Baja California y modifica diversas disposiciones del Código Civil Estatal., cuyos inicialistas son el diputado con licencia Catalino Zavala Márquez y la legisladora Miriam Elizabeth Cano Núñez, fue votada con 15 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, pero que no fue suficiente porque requería, por lo menos, 17 sufragios ya que era una reforma constitucional.

Por lo anterior esta propuesta legislativa, que permite dar certeza jurídica a las parejas homoparentales que desean casarse para vivir en común y hacer valer sus derechos ante la ley, fue regresada a la Comisión de Gobernación para un mayor análisis, lo cual fue avalado por la misma Asamblea por estar sustentado en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

En el análisis nuevo leído este día por el director de Consultoría Legislativa del Congreso, Francisco Javier Tenorio Andújar, se menciona que la propuesta legislativa es “jurídicamente procedente, y esto es así tomando en consideración que las condiciones jurídicas que motivaron y sustentaron la procedencia jurídica del dictamen 48, no han variado al día de hoy. Es decir, subsiste la necesidad de adecuar el marco jurídico de Baja California conforme a los principios de igualdad y no discriminación, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

En torno a la crítica sobre que la iniciativa no ha sido debidamente socializada, el presidente de la Comisión de Gobernación señaló que “si algún diputado o diputada sigue manifestando que no se socializó el tema, es como reconocer que no ha vuelto con su electorado, que no le ha preguntado a sus votantes, que no ha consultado con su partido, porque todo juega; además de que no ha estado al pendiente de los medios de comunicación o medios de prensa, o que no ha seguido la plataforma de nuestro propio Poder Legislativo, que contiene el documento y sesiones de nuestras comisiones”.

Asimismo, Molina García volvió a destacar que ya existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a todos los congresos del país a modificar las constituciones locales para permitir las uniones en matrimonio homoparentales.

En ese tenor habló también el secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos presente en la sesión, Jorge Ochoa, quien dio a conocer una opinión técnica sobre el tema, mediante la cual informó que en la Carta Magna de México y en diversos tratados internacionales a los cuales está suscrito el país, se encuentra establecida la prohibición de toda discriminación por razón de preferencias sexuales, etcétera.

En la sesión virtual estuvieron presentes las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación Juan Manuel Molina García, presidente; Rosina del Villar Casas, secretaria, y los vocales Gerardo López Montes, Julio César Vázquez Castillo, Julia Andrea González Quiroz y Eva Gricelda Rodríguez.

Asimismo, se contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, diputada Montserrat Caballero Ramírez y las legisladoras Miriam Elizabeth Cano Núñez, Carmen Leticia Hernández Carmona y Eva María Vázquez Hernández, así como del secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Ochoa, el director de Consultoría Legislativa del Congreso, Francisco Javier Tenorio Andújar y el representante del Poder Ejecutivo, Julio Felipe García Muñoz.

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