Luz cambió las faldas y los tacones, por unos horribles tenis y unos pantalones grises que ocultaban su feminidad. Una pésima decisión, que en un principio pensó no tendría consecuencias, la llevó a vivir los cinco meses más difíciles de su existencia en la penitenciaría de Tijuana, dejando de lado su esencia, para convertirse en un número de cuatro cifras, que la identificaba de las otras mujeres privadas de la libertad.
Recuerda que solo se trataba de hacerle el “favor” a alguien para trasladar ciertos objetos, entre lo que había una dosis de droga. Fue sorprendida por la Policía Municipal y procesada por el crimen de “posesión con fines de distribución”.
Su vida dio un giro de 180 grados, de la noche a la mañana pasó de dormir en su hogar a compartir celda con otras 15 mujeres, las cuales no sabía nada de ellas, ni sus nombres, de dónde eran y por qué estaban tras las rejas.
“Si volviera a estar en la situación en la que me pidieron el favor, obviamente no lo haría, porque cambia mucho el estar ahí. Es muy difícil porque tienes que convivir con muchas personas que no conoces, en un lugar muy pequeño”, manifestó.
Estar recluida le hizo reflexionar muchas cosas, valorar la libertad y la vida que tenía en el exterior, pero sobre todo, supo que día a día tenía que defender su integridad, en un ambiente en el que subsisten las que tienen más agallas.
“Hay personas que tienen años ahí que van a estar demasiado tiempo y es como más difícil, cualquier cosita que les digas o cualquier situación que pase, tienden a explotar muy fácilmente. No se trata de cuidarte las espaldas, sino en el momento de que tengas un pleito y una de las reclusas te diga algo, ahora sí que a tirar el fregadazo primero, antes de que te lo den a ti”, confesó.
Los difíciles momentos que vivió privada de su libertad, los enfrentó gracias al apoyo de su familia, que más que juzgarla, la auxilió en ese trance, privilegio del que pocas mujeres gozan al estar presas.
“No todos tienen ese apoyo, porque hay personas que ni siquiera reciben visita, aportación por nada, viven de estar haciendo trabajos para que las internas que están ahí les den un rollo de papel o jabón de uso personal. Entonces salen a la calle y si adentro no tenían nada, afuera tampoco tienen un lugar dónde vivir, se van a las calles a volver a cometer delitos”, comentó.
El castigo para Luz no solo duró cinco meses, ya en libertad, pese haber cumplido con su pena, se enfrentó a la falta de oportunidades para encontrar un empleo, así como el estigma social, que no le permitía rehacer su vida como ella deseaba.
“Te pone a pensar que tienes que hacer las cosas bien para no volver a estar ahí ni de chiste, no volver ni por lo que se te olvidó, todas las mujeres tratamos de salir adelante después de ese trago que nos pasó”, expresó.
Luz es una de las tantas mujeres que los últimos años ha incurrido en actividades delictivas en Baja California y que no son sujetas a los adecuados programa de reinserción social, que garanticen que no vuelvan a ser privadas de su libertad.
Tan solo del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2020, cuatro mil 243 mujeres han sido detenidas por cometer algún crimen, representando 7.3% del total de personas aprehendidas, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Cifras oficiales de la FGE reflejan que de 2018 a 2019, hubo un ligero incremento en el número de féminas involucradas en actividades delictivas, al pasar de mil 850 a mil 930. Tan solo en los primeros tres meses de este año, ya van 463.
La FGE señala que el narcomenudeo; robo de vehículo; robo simple; allanamiento de morada y lesiones en riña, son las cinco principales delitos por los que son detenidas las mujeres. Le siguen el robo con violencia, portación de arma de fuego y daño en propiedad ajena.
El Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria publicado en 2019 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), contabilizaba 512 mujeres recluidas en los centros penitenciarios de la entidad.
El organismo señalaba la falta de provisión de artículos de higiene femenina, especial atención a su salud sexual y reproductiva, disposición de espacios y oportunidades para mantener el vínculo materno, atención específica para quienes han sido víctimas de violencia de género y sexual, y programas de rehabilitación y reinserción social que les permitan oportunidades nuevas al fin de la reclusión, superando sexismos y rompiendo el círculo de desigualdad y subordinación de género de sus contextos de origen.
Aunado a ello, la CEDHBC precisó que las preocupaciones prioritarias incluyen, en particular, la separación del alojamiento masculino y femenino; suficientes niveles de higiene y disponibilidad de suministros higiénicos; acceso seguro y equitativo a los alimentos; sanitario; instalaciones; servicios de salud; oportunidades de trabajo, educación, espacios recreativos y otros servicios; capacidad para mantener el contacto con la familia, incluidas las visitas de niñas, niños y otros miembros de la familia; atención suficiente a las necesidades específicas de embarazadas, de niñas, y de madres con sus bebés o niños pequeños; así como la efectiva supervisión femenina del alojamiento de las mujeres, particularmente para prevenir el abuso sexual.
“Las mujeres históricamente han enfrentado desigualdades que han impactado de manera negativa en su acceso, tanto a empleos, como a cargos directivos o representación en cargos públicos. Aunado a ello, una vez que las personas privadas de la libertad cumplen con sus condenas, se enfrentan a actos de discriminación que dificultan sus procesos de reintegración al campo laboral. En consecuencia, las mujeres privadas de la libertad pueden enfrentar ambas circunstancias”, expuso el presidente de la CEDHBC, Miguel Mora Marrufo.
¿POR QUÉ DELINQUEN LAS MUJERES?
Datos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género arrojaban que del 100% de las personas vinculadas a proceso en México, el 91% son hombres, mientras que sólo el 9% son mujeres, sin embargo, expertos reconocen que los últimos años ha incrementado la participación de las féminas en actividades criminales.
La exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Gabriela Navarro Peraza, explicó que muchas veces las mujeres son obligadas por sus parejas a delinquir, en tanto que otro porcentaje lo hace presionadas por el factor económico.
“Si participan es porque detrás de ellas, hay personas que las han empujado, que las han arrastrado. Por otra parte es la falta de oportunidades como jefas de familia para llevar el sustento al hogar y eso ha traído que suelen correr mayores riesgos”, apuntó.
La también excoordinadora de la Oficina Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
señaló que a mujeres por el mismo delito, se les imponían mayores penas que a los hombres, esto sumado al juicio del que son objeto por la sociedad.
“La gente y la misma familia te ha estigmatizado, porque fuiste criada para ser sumisa, tierna, para dedicarte para labores del hogar y cuando cometes un hecho delictivo o un error, la sociedad te estigmatiza más que al propio hombre”, agregó.
Navarro Peraza, aseguró que es necesario que existan mecanismos de apoyo para las mujeres que abandonan las cárceles, con el propósito de que encuentren un empleo y logren rehacer su vida.
“Hay que apoyarlas con proyectos productivos para que las mujeres no se tengan que involucrar en eso, ayudar a las jefas de familia, darles guarderías. Una vez que salgan de prisión, buscar la reinserción social para que tengan trabajo o que no les nieguen un empleo por no contar con la carta de no antecedentes”, concluyó.
La Ley Nacional de Ejecución Penal en sus artículos 10 y 36, establecen la obligación del Estado de ofrecer los espacios adecuados para que las madres privadas de la libertad puedan tener a sus hijos hasta los tres años con ellas en el Centro Penitenciario, hasta la fecha de publicación del DESP, ningún Centro de Reinserción Social contaba con tales espacios
De acuerdo con el Inegi, la presencia femenina en los centros penitenciarios estatales en México aumentó de 2010 a 2015, en 56%, frente al 17% de los hombres
Las estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, publicado en 2017, señala que 9% de las mujeres privadas de su libertad, son reincidentes de algún delito
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 36% de las mujeres reclusas tenían entre 18 y 29 años de edad durante 2016; seguido de quienes su edad oscila entre los 30 y 39 años (32%)
