Tijuana.- La prisión preventiva oficiosa no es inconstitucional, aseguró Héctor Javier Huerta Suárez, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, sin embargo, se genera la pregunta de cuántos delitos deben ser considerados para aplicarse la prisión preventiva.
Además, Huerta Suárez también mencionó que México ha firmado acuerdos internacionales donde la prisión preventiva es considerada como una violación a los derechos humanos.
“El debate entre los defensores de los derechos humanos es bueno ¿dónde está el principio de derechos humanos de que soy inocente hasta que se compruebe que soy culpable”, agregó.
El maestro en derecho constitucional explicó que el procedimiento ideal debería permitir que el acusado permanezca en libertad hasta que se demuestre que ha cometido un delito, pero la prisión preventiva “invierte las cosas”, pues señala que los delitos establecidos en el Artículo 19 Constitucional, una vez detenido el acusado ya no puede ser liberado.
“El tema es muy socorrido en los últimos 15 años, pero se acentuó en estos días por el tema de la acción de inconstitucionalidad presentada por varios miembros del Congreso de la Unión”, mencionó.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre los riesgos de la desaparición de la prisión preventiva, Huerta Suárez argumentó que México tiene un grado del 96% de impunidad, y aunque las personas acusadas sean detenidas, existe la alta posibilidad de que el Ministerio Público sea ineficiente.
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“Obligas al Ministerio Público a ser un ente de primer mundo, con investigadores de primera, fiscales de primer mundo, jueces de primer mundo, exigirle al gobierno que lleve una cuestión de primer mundo sería engañarnos a nosotros mismos”, expresó.
Para finalizar, Huerta Suárez señaló que México tiene una perversión nacional de valores, pues la ciudadanía tiene la visión de que los jueces son “malos”, los Ministerios Públicos son ineficientes.
“Pero rara vez volteamos a vernos a nosotros mismos como sociedad (...) Si vas a los juzgados penales en un buen día de la semana, podremos darnos cuenta que muchos de los asuntos que van al juez de control los fiscales ni los han leído, porque la carga de trabajo es inmensa”, concluyó.
