En Baja California han sido detectadas 24 empresas “golondrina” durante esta administración, de acuerdo con Alejandro Arregui Ibarra, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
“Pretendían cerrar operaciones y hemos logrado que se les hagan los pagos correspondientes” al personal que es dado de baja, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa semanal del gobierno estatal.
El caso más reciente fue denunciado el 28 de mayo, en contra de la empresa Hanil Electronics, que actualmente se encuentra en un proceso judicial sumario de desahucio y pretendía cerrar operaciones, mencionó Arregui Ibarra.
El funcionario, sin precisar el tamaño total de la plantilla de trabajadores, dijo que 90 cuentan con representación legal privada.
“Ayer (martes) tuvieron una nueva audiencia de conciliación, hasta ahí se ha podido dar cuenta. De los 90 trabajadores, 20 son los que ya no están recibiendo un pago”, detalló el funcionario estatal.
El secretario del Trabajo y Previsión Social consideró “inminente” el cierre de la empresa que de acuerdo con los trabajadores, estaba ubicada en Otay y sería trasladada al Parque Industrial Pacífico 2.
Arregui Ibarra agregó que durante la semana los trabajadores afectados recibirán de la Junta de Conciliación y Arbitraje las constancias de no conciliación por parte para presentar las demandas correspondientes ante el Tribunal Laboral.
Este martes, alrededor de 20 extrabajadores de Hanil Electronics denunciaron en la Junta de Conciliación y Arbitraje la retención de sus sueldos y su despido sin el pago justo de finiquitos.
En marzo de este año el titular de la STPS, junto a la diputada local Michel Sánchez Allende, anunciaron que presentarían una iniciativa para sancionar a las empresas que cierran operaciones sin dar aviso previo a sus trabajadores y no cumplen con los pagos que dicta la ley.
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A finales de junio, el funcionario estatal mencionó que la iniciativa fue modificada después de que la iniciativa privada realizó algunas observaciones, pero aseguró que pronto sería discutida en el Congreso local.
Sin embargo, la 24 Legislatura del Congreso local en el que fue presentada la iniciativa finalizó el pasado 31 de julio, y no fue discutida.
La iniciativa busca sancionar hasta con seis años de prisión y contempla multas de 100 a 500 el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a las empresas que cierren operaciones, cambien de domicilio o impidan el acceso sin despedir formalmente al personal.