Juan Miguel Hernández
Tijuana.- La libertad de expresión en Baja California está severamente lastimada, luego de la colocación de narcomantas contra periodistas de Baja California, y de las agresiones de las que fueron objeto tres comunicadores en la cobertura de un desalojo en Playas de Tijuana.
Para José Luis Camarillo, fotoperiodista de Grupo Uniradio y de El Sol de Tijuana, más allá de interponer una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Sindicatura Procuradora, es lamentable que las autoridades no estén preparadas para respetar el trabajo periodístico.
“A mí, más que me detuvieran y me llevaran al tambo, me dolió ver al pobre de Antonio Maya tirado en el suelo mientras lo golpeaban los policías; su cara era de miedo”, expresó el periodista con más de 35 años de trayectoria.
Antonio Maya es un joven reportero con apenas un año en el ejercicio periodístico. En el poco tiempo que llevaba laborando como comunicador, nunca se imaginó ser víctima de este tipo de agresiones.
“Los oficiales no están entrenados para agredirnos a nosotros, no entiendo por qué lo hacen. Yo solo quería grabar como golpeaban a otra persona”, declaró el reportero de la Jornada Baja California.
Yolanda Caballero, reportera de Primer Sistema de Noticias, quien fuera víctima de empujones y del daño a su equipo telefónico durante el desalojo en Playas de Tijuana, lamentó la falta de respeto a la labor del periodista.
“A mi ya me han pasado cosas similares, pero lo que me molesta es que no cambien las cosas; a los policías les purga que documentemos los abusos que cometen”, expresó.
Esta misma semana pareció una manta en un puente peatonal de la Zona del Río de Tijuana contra los comunicadores Dora Elena Cortez y Odilón García, presuntamente mandada a colocar por el “defensor” de los derechos Humanos Ivan Riebeling y el bloguero Mariano Soto.
A penas este viernes, el cártel Tijuana Nueva Generación se deslindó de las amenazas contra los comunicadores.
EXHORTO DE LA CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó a las autoridades estatales a brindar las garantías necesarias a los periodistas para su ejercicio profesional, así como investigar el origen de las mismas, dar con los responsables y presentarlos ante la justicia para que reciban la sanción que conforme a derecho corresponde.
Asimismo, la CNDH solicita a las autoridades de Baja California investigar y, en su caso, sancionar a los elementos policiales responsables de la agresión y retención a reporteros que cubrían el desalojo de un predio en la ciudad de Tijuana.