Tijuana.- Los diagnósticos y tratamientos en México tardan más de lo establecido en los derechos de las personas que padecen cáncer, expresó Edith Pérez Velázquez, directora de Pro Oncología y Calidad de Vida (Pro Oncavi A.C.).

“Si evaluamos los derechos de las personas que reciben tratamiento con cáncer, en México es solo una fantasía. Para empezar el diagnóstico tardan en entregarlo hasta 3 años después, y los tratamientos para una mujer tardan hasta 8 meses”, detalló.

Pérez Velázquez, explicó los diferentes tipos de violencia que sufren algunas mujeres que reciben tratamiento para enfrentar el cáncer, desde violencia física hasta psicológica.

“Las mujeres que reciben tratamiento para el cáncer son violentadas en las instituciones, además reciben violencia psicológica que incluye;humillaciones, burlas, menosprecio, insultos manipulación y chantaje. También el abandono se da de manera sistemática en el 40% de los casos cuando tienen una pareja heterosexual”, indicó.

El desabasto de medicamentos y la falta de tratamientos para personas con cáncer, son definitivamente una violación a los derechos humanos, destacó la directora, pues incluso el artículo 4 constitucional señala que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud.

“Hay una violación a la protección de la salud, que es el desabasto de los medicamentos, la negativa de los tratamientos y procedimientos, veremos un repunte de mortalidad en este año de todas las omisiones que se hicieron en pacientes oncológicos”, puntualizó.

Pro Oncavi, ha trabajado de la mano con otras organizaciones para apoyar a la ciudadanía que desconoce sus derechos a recibir tratamientos en los diferentes tipos de padecimiento de cáncer, y los acompañan para que puedan recibir estos servicios.

“En el último año hemos estado trabajando a nivel nacional con 60 organizaciones en red, y nos apoyamos para interponer amparos por la falta de medicamentos. También promovemos la normatividad para acompañar a las los casos de cáncer de mama, cáncer cérvico uterino y cáncer de próstata, los llevamos de la mano para que conozcan que hay un fundamento legal que obliga a las instituciones públicas a brindar este servicio”, concluyó.