Por uso ilícito de funciones y atribuciones y peculado, fue denunciado el ex director de Inversión Pública del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, Pablo “N”, por la firma de dos contratos con la empresa Next Energy, con los que se comprometieron participaciones federales, ingresos presentes y futuros propios del gobierno del estado, así como del Impuesto sobre la nómina.
Desde temprano se lleva a cabo la audiencia de formulación de imputación por parte del juez de control Bernardino Ahumada González, en la que originalmente participarían 4 de los señalados por el caso Next Energy, pero 3 de ellos solicitaron se les difiriera su audiencia, lo que les fue concedido, por lo que regresarán el 4 de enero del 2023.
Con el aval del congreso del estado, la administración anterior firmó un contrato plurianual con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltáica que alimentaría al acueducto Río Colorado-Tijuana, que se financiaría con participaciones federales e ingresos propios del gobierno del estado.
Sin embargo, al entrar en funciones la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, ésta decidió cancelar el contrato, con lo que se inició un litigio legal en el cual están involucrados ex funcionarios de la pasada administración también de origen morenista.
La denuncia fue presentada en marzo del 2022 por el entonces secretario del agua y actual gerente de CONAGUA en la península de Baja California, Alfonso Bernal Rodríguez, en contra del señalado, quien entró en el cargo el 22 de septiembre del 2021, y firmó dos constancias de inversión el 23 de septiembre de ese mismo año.
La fiscalía señaló que con ese aval que dio el imputado, se afectó el 19.5 % de las participaciones federales, así como el 66.75 % del impuesto sobre nómina, con lo que se afectó con 123 millones, 972 mil 331 pesos, para cumplir con la obligación contravenida del contrato plurianual, con lo que se generó una contingencia de pago por 37 mil 529 millones, 669 mil 041 pesos, por los años en que se pagaría la planta fotovoltáica.
La Fiscalía consideró que se firmó el contrato plurianual sin estudio de viabilidad financiera, con lo que existen cuentas por cobrar por parte del proveedor del citado contrato por 11 mil 886 millones, 385 mil 357.72 pesos.
Queda pendiente que el juez determine si el imputado se vincula a proceso o no.
